El presidente del Banco Central, Martín Redrado, remitió a la subgerencia general jurídica de la institución el DNU que dispone la utilización de u$s 6.569 millones de las reservas para el pago de deuda en dólares, a través del Fondo del Bicentenario. El objetivo es obtener un dictamen que determine la legalidad de la operación y evitar futuras demandas.
Fuentes de la autoridad monetaria explicaron a este diario que el dictamen legal se solicitó incluso antes de la carta de los legisladores de la oposición que intima al propio Redrado a abstenerse de traspasar las reservas.
El punto más polémico tiene que ver con el hecho de que se disponga de tal medida a través de un decreto firmado por la Presidente y no por una aprobación legislativa.
El antecedente en este sentido juega en contra del Gobierno: cuando se dispuso en diciembre de 2005 cancelar la deuda con el FMI con reservas se hizo a través de una ley.
El DNU que se conoció el martes pasado es prácticamente una copia de aquella ley de hace cuatro años. Sólo agrega que las reservas, además de cancelar obligaciones con organismos multilaterales, pueden utilizarse también para pagar vencimientos de títulos públicos en 2010.
Uno de los puntos en discusión se refiere, obviamente, a la autonomía del Central y hasta qué punto el Gobierno puede disponer el destino de las reservas, por más que hace cuatro años se haya creado la figura de «libre disponibilidad».
Según los cálculos oficiales, el Ejecutivo podría echar mano a u$s 18.000 millones sobre un total de u$s 47.000 millones utilizando la figura del decreto. El directorio de la entidad quiere saber ahora si alcanza o es preciso una ley que avale el «manotazo».
Otro aspecto tiene que ver con la protección legal de las reservas. Al utilizarse para cancelar deuda que está en manos de bonistas privados, los fondos podrían sufrir embargos, uno de los peligros más palpables de la operación. En el Ministerio de Economía aseguran que por ahora no hay presentaciones legales, pero reconocen que fondos buitre (por ejemplo, el encabezado por Dart) ya incluyeron el tema la semana pasada en demandas paralelas que habían iniciado contra otros activos argentinos.
El Central aún tiene reservas embargadas por u$s 105 millones que mantenía en la Reserva Federal neoyorquina. Y si bien ya hubo fallos a favor de la Argentina, aún no lograron destrabar los fondos. Pero además de las cuestiones legales, en el BCRA también existen dudas por las consecuencias que tendrá utilizar las reservas en los niveles de cobertura del dinero circulante, e incluso en lo que puede transformarse en un fuerte aumento del gasto público.
Aluden, por ejemplo, al artículo 33 de la carta orgánica, que obliga a la entidad a mantener las reservas invertidas en instrumentos de adecuada liquidez. La Tesorería, sin embargo, entregaría un título a diez años pagadero en su totalidad al final (por lo tanto, será un instrumento totalmente ilíquido).
Pero en el BCRA están dispuestos a dar batalla si finalmente se ven obligados a remitir las reservas para el Fondo del Bicentenario, lo cual parece altamente probable dada la presión oficial. El objetivo pasa por limitar las apetencias de recursos de parte del Poder Ejecutivo. Las miradas ya están puestas en el tratamiento que se les dará a las utilidades de la institución.
Según el Presupuesto 2010, sólo se remitirán ganancias del Central por $ 3.000 millones. Sin embargo, entre la suba del tipo de cambio y la ganancia por el aumento de los bonos se estima que ese nivel superará ampliamente los $ 10.000 millones y que incluso podría acercarse a los $ 20.000 millones.
El Central analiza efectos legales del uso de reservas - Ambito.com
