Están circulando por facebook, “grupos” que llaman a boicotear el censo con el argumento que no serán datos reales ya que los procesará el Indec. Ahí te van algunas reflexiones y explicaciones, pues es muy importante participar sea el gobierno que sea.
Acerca del cobarde “instructivo” anónimo precedente – al que le sospecho factura de cuatro pirujas - se refiere al Censo 2010 sobre el cual, me parece importante aportar algunas consideraaciones:
El Censo nacional de población hogares y vivienda es un mandato constitucional (Arts. 45 y 47 CN) indispensable, para determinar la cantidad de representantes de los ciudadanos en el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales y municipales.
El censo se realiza cada 10 años. El primero en nuestro país se realizó en la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, hace más de un siglo, en el año 1870. O sea, justito hace 130 años. Este primer censo demográfico nacional, dio que Argentina tenía un total de 1.736.701 habitantes. Y otro resultado de este censo, fue que el Gobierno de entonces se encontrara con una aterradora cifra: el 70% era analfabeto y el 75% de habitantes de nuestro país vivía en la miseria. A partir de tales datos, el Gran Sanjuanino se ocupó de fomentar la educación, ya que, sostenía, el acceso igualitario a la misma era lo único que garantizaba el progreso del País. Se fundaron 800 escuelas, lo que permitió que al final del mandato, SARMIENTO Y TODOS LOS HABITANTES DEL PAÍS vieraN que por la acertada medida del estadista, CIEN MIL NIÑOS estuvieran cursando estudios en todos los rincones de la Patria.
El censo nacional que dispuso realizar para este mes el Gobierno Nacional – el de todos los argentinos y no sólo el de viejas gordas, ni de la oligarquía de la bosta (como anatematizó el Gran Sarmiento a los enemigos de la Patria) ni de los responsables de la ignorancia orgánica, los llamados “mass medias” o medios de comunicación – debe realizarse SIEMPRE EN TODOS LOS AÑOS TERMINADOS EN 0. En la historia contemporánea, ya no sólo Argentina se vale de esta herramienta de la ciencia demográfica, sino que, por resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) y acatando sus pautas, alrededor de 60 países, ya cumplen con la realización de censos generales de población.
La implementación del censo se encuentra descentralizada. Quienes se encargan de llevarlo a cabo, son las respectivas provincias a través de las Direcciones Provinciales de Estadística y éstas dependen del Poder Ejecutivo local. Los datos obtenidos en cada provincia y municipio serán de utilidad tanto para la propia jurisdicción, como para la Nación en su conjunto. Estos datos constituyen un insumo fundamental para la implementación de las políticas públicas de los próximos tres períodos de gobierno nacional, provincial y municipal, más allá del color político que tengan.
Es por eso que se trata de una cuestión de Estado y no de gobierno.
La Nación hará un enorme esfuerzo para contar cuántos somos, dónde vivimos, cómo vivimos, en qué trabajamos, cuál es nuestro origen y cómo migramos, definir las tasas de crecimiento, mortalidad, educación, el acceso a tecnologías de información y comunicación, etc. Este esfuerzo implica no sólo la inversión de millones de pesos que el Estado realiza, sino la movilización de 650.000 censistas, la mayoría maestros que, con gran dedicación tocarán todos los timbres del país (en muchos lugares golpearán las manos).
Se utilizarán millones de formularios que completarán uno a uno y a mano, todos los censistas del país en sus respectivas provincias; formularios que, por otra parte, serán leídos por lectoras ópticas y procesados por programas de uso internacional avalados por los organismos estadísticos de los principales países del mundo.
En esta idea, boicotear el censo es boicotear la Constitución Nacional. También es restringirle la representación democrática a las nuevas generaciones que se incorporaron a la vida ciudadana en los años precedentes.
Es, también, negarles a los próximos tres gobiernos de las distintas jurisdicciones la posibilidad de contar con información de base para la implementación de políticas públicas, así como también afectará sensiblemente, y por 10 años, a todos aquellos que tendrían que ser sujetos de las mismas en materia de salud, educación, trabajo, migraciones y vivienda. Los inversores privados por su parte, tampoco contarán con suficientes herramientas para decidir sus negocios.
Hace más de dos años que están trabajando en el censo, no sólo los cientos de trabajadores que tienen el Indec y las 24 Direcciones Provinciales de Estadísticas del país, sino los ministerios, institutos y universidades nacionales.
A ello se suma el trabajo de cientos de miles de censistas, de las organizaciones de los pueblos originarios, afrodescendientes y de las personas con discapacidad, de las fuerzas armadas y de seguridad, y desde ya la buena predisposición de los millones que vivimos en Argentina. La verdad, que semejante esfuerzo nacional merece al menos el respeto hacia quienes ponen su empeño en ello.
DIFUNDIR LA PRESENTE, ES PARA BIEN DE LA NACIÓN Y NO DEL GOBIERNO. El Censo es una política de Estado, que debería estar al margen de la política partidaria y de las intenciones aviesas y mezquinas de quienes anteponen sus intereses de corto plazo a los destinos de nuestro país.