Ajuste en Aerolíneas con milicos e interventores
Que se abran los libros
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A medida que pasan los días, se confirma que el lock-out que impuso Cristina al cancelar 48 horas los vuelos internacionales, junto con el pedido de la suspensión de la personería a Apta y el pase al área militar de los controladores aéreos, trata de ocultar el derrumbe de la gestión kirchnerista, particularmente en un área tan sensible como el de la seguridad aérea.
Como ya denunciáramos (PO Nº 1.202), la mitad de los aviones que hacen las rutas internacionales “está parada por el no cumplimiento de pautas de mantenimiento establecidas que llevan más de 10.000 horas de vencimiento”. Ahora se ha confirmado que la gerencia técnica de la empresa pidió al fabricante de los Airbus 340 un “waiver” -(permiso para seguir volando)-, a pesar de las falencias técnicas en los trenes de aterrizaje -lo que fue rechazado por el fabricante. Esta parte vital de las aeronaves tiene una vida útil de 25.000 horas y dos aviones siguieron volando hasta las 36.000 y 41.000 horas -es decir, estuvieron vencidos en su vida útil ¡por más de dos años!
Los trabajadores hace rato que vienen advirtiendo del peligro potencial para pasajeros y tripulaciones que significa habilitar aviones en estas condiciones, y no quieren convalidar esta política de la administración K. El “boicot” del que hablan Schiavi y Recalde, es nada más que una denuncia clara de los técnicos de una amenaza de catástrofe en Aerolíneas. Los técnicos no quieren otra Lapa ni más muertes como en Sol.
¿Qué pasa con los controladores?
Los controladores vienen denunciando que las torres de control están obsoletas en todos los aspectos, operativos y edilicios. Los propios trabajadores han tenido que juntar el dinero para comprar monitores o aires acondicionados. Frente a las fallas permanentes de los equipos y cortes de luz, han tenido que espaciar decolajes y aterrizajes para evitar una colisión. A esta acción responsable de estos trabajadores, La Cámpora le llama “sabotaje”.
Ahora se trabaja bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), supervisados por un oficial de la Fuerza Aérea, seis días a la semana cinco horas corridas, cuando la norma es que por las características de la tarea no se puede operar más de una hora sin descanso; se trabaja en un estado de stress que agrava los peligros ya existentes. Se ha vuelto verdaderamente a un régimen “militar” de trabajo.
Además, se está haciendo trabajar a personal que no es idóneo en la tarea, fundamentalmente supervisores que han sido desplazados -como el caso de la Terminal Baires, que desde Ezeiza controla todos los vuelos del área metropolitana. El pasaje de los controladores sólo agrava la situación.
La respuesta de la dirección de Apta
Hasta el momento la dirección de Apta no ha tomado ninguna medida de acción concreta, cuando se intenta dejar sin personería al gremio y hay decenas de controladores a los que no se les permite trabajar, entre ellos a todos los delegados.
El jueves 17 convocó a plenario “informativo” a los delegados. Allí, varios delegados plantearon la necesidad de una acción en defensa de los técnicos y controladores. Sin embargo, ni siquiera se aprobó la no aceptación de horas extras -ya que la patronal ahora presiona para trabajar sábados y domingos para efectuar los mantenimientos imprescindibles para los vuelos internacionales, mientras sigue adelante con el reclamo de quite de personería.
Cirielli se limita a acciones legales, comunicados y declaraciones, a buscar apoyo en Moyano y, en general, a una línea de contemporización con el gobierno que ataca las condiciones de trabajo y la propia organización sindical de los aeronáuticos. No es como dice Cirielli que Cristina está “mal asesorada” -es ella la que lleva adelante el ajuste contra los trabajadores. Esta línea “leguleya” de la dirección de Apta refleja que su enfrentamiento con La Cámpora cumple un rol secundario, pues ambas fracciones defienden la línea del “Ajustazo”, que se aplica a todos los gremios por igual. El inmovilismo cirielista con los controladores le dejó el terreno libre al gobierno para anunciar el ajuste.
Las nuevas medidas: un ajuste en toda la línea
Hoy en conferencia de prensa, Mariano Recalde acaba de anunciar (por instrucción directa de CFK) nuevas medidas en el grupo aerolíneas, que son claramente un nuevo ajuste: La desprogramación de los Boeing 747 (tres aviones de largo alcance) para febrero y de los 737-500 y los MD (unos 20 aviones de cabotaje y regional como mínimo) para el mes de abril -sin decir como los reemplazan. Rediseñar los vencimientos de las tripulaciones (Pilotos y Azafatas) y el pago de las horas de vuelo (un ataque directo a sus convenios), y la implementación del Despacho Operativo centralizado al mejor estilo Marsans, degradando el trabajo profesional de los despachantes de aeronaves.
Necesitamos una asamblea general de técnicos y controladores que se plantee el retiro militar del control aéreo. Y una movilización de todos los técnicos contra el retiro de la personería de Apta.
Tiene que salir a la luz con la movilización de los trabajadores la verdadera situación financiera de Aerolíneas. La misma puede quedar aclarada fácilmente si se abren los libros de la empresa, para saber qué han hecho con los 2.100 millones de dólares gastados desde la “estatización”.
Recalde no puede decir alegremente que la empresa pierde porque ayuda a "conectar "a todo el país, cuando el servicio de cabotaje tiene sólo el 5% de la parte de las pérdidas de Aerolíneas, según los mismos datos oficiales. Defendemos Aerolíneas sin milicos y sin interventores. Nadie la defiende mejor que los propios trabajadores.
Aeronáuticos del Partido Obrero (20/11/11)
Los controladores resisten la militarización
La decisión tomada por Néstor Kirchner en 2005, al descabezar primero la cúpula de la Fuerza Aérea para luego crear la Anac en 2007, fue una salida de emergencia ante un cuadro plagado de corrupción, contrabando y narcotráfico. La cúpula militar había participado de innumerables negociados, vinculados con la seguridad aeroportuaria con la privatización menemista. Es el caso del capitán de fragata Donda Tigel -hoy condenado a perpetua en la causa Esma por 62 crímenes-, quien bajo Alfonsín revistaba como agregado militar en la embajada argentina en Brasil, para regresar como socio de Yabrán en las diversas empresas que controlaban la seguridad y las cargas aéreas (Tecnipol, Interbaires).
Detenido por apropiación de menores, continuó dirigiendo la empresa TAS, luego involucrada en el escándalo de Southern Winds por contrabando de 60 kilogramos de cocaína a España. Este hecho provocó el desplazamiento de toda la cúpula de la Fuerza Aérea, lo que no impidió que siguieran operando con total impunidad. La empresa TAS, por caso, se ha reciclado en la tercerizada HAS y sigue bajo el control de Donda Tigel a través de testaferros, y el narcotráfico continuó a través de la base aérea de Morón -como el reciente caso del avión con 900 kilos de cocaína detenido en España en enero, lo que provocó la separación del comodoro Juliá, hermano de los narcotraficantes detenidos.
La Cámpora, que reivindicó el control civil a través de la Anac como un éxito de la política de derechos humanos del gobierno de Néstor K, no puede dar respuestas a esta brutal regresión, pues sabe que en esta decisión no existe ninguna razón vinculada con la seguridad aérea; antes bien, se trata de ocultar el descalabro reinante en la materia y liquidar la organización de los trabajadores que lo denuncian.
Hace pocos meses, casi 600 controladores de origen militar renunciaron a su condición castrense para afiliarse a Apta, el sindicato de los técnicos, ya que como militares sólo tenían derecho a una asociación profesional.
A partir de un proceso de organización con elección de delegados, comenzaron a reclamar por las desastrosas condiciones en que desarrollan sus tareas -sin elementos idóneos por lo obsoletos, sin radares suficientes, con hacinamiento y problemas edilicios de todo tipo.
La resistencia a la militarización se ha extendido a todo el país, con asambleas repudiando la medida y el embanderamiento de las torres de control en Iguazú, Córdoba, Comodoro y Calafate.
Al devolver a la Fuerza Aérea el control de los vuelos comerciales, el gobierno no sólo prepara un Cromagnón aéreo; también profundiza un viraje general contra los trabajadores, sus condiciones laborales y sus organizaciones sindicales.
Fernando A.
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