Seguridad
En materia de seguridad, reconocemos esta prioridad y la necesidad de dar respuesta a la preocupación de los ciudadanos y ciudadanas. Para ello, estamos convencidos que esto se debe hacer de manera responsable, concentrándonos en políticas de corto, mediano y largo plazo, integrando múltiples agencias estatales y la participación activa de la sociedad. La seguridad y la justicia son derechos de todos los ciudadanos que el Estado tiene por obligación garantizar.
Estamos convencidos de que las ciudades más seguras son aquellas donde tenés seguridad de que no te roben y donde también tenés seguridad de tener educación, seguridad de tener trabajo, seguridad de tener jubilación, salud, vivienda. Es decir, seguridad de tener futuro. Las ciudades más seguras son las que tienen mejores mecanismos de prevención y represión del delito y también políticas de inclusión social, para garantizar los derechos de todos y de todas.
Articular las políticas de seguridad con otras políticas públicas que promuevan la inclusión social y propiciar mecanismos participativos de resolución de conflictos sobre todo en comunidades y territorios altamente convulsionados.
Reestructurar la organización y la lógica de las instituciones de seguridad y desarticular las estructuras de corrupción policial. Al mismo tiempo desarrollar mecanismos de control de la sociedad a las instituciones de seguridad.
Propiciar reformas procesales y penales que hagan más efectivos los procesos sin vulnerar los derechos y garantías constitucionales.
Combatir la violencia de género con políticas favorables que contemplen la violencia doméstica, acoso sexual, las violaciones, entre otros aspectos.
Desarrollar políticas efectivas de prevención y también de sanción efectiva, pero poniendo el foco en donde es necesario: en aquellos actores que estructuran y que gerencian el delito.
Generar instituciones de producción y publicación de información sobre delito y violencia. La creación de un observatorio de seguridad nacional que analice las particularidades de estos hechos en cada una de las regiones del país.
Reforma Política
En términos institucionales es fundamental promover una profunda reforma política y del Estado -que supere las tentativas ocasionales, efectistas y gestuales- sin mayores dilaciones.
Las ideas fuerza básicas de la reforma son reglas claras, transparentes y previsibles que permitan recuperar el rol regulador y orientador del Estado en diversos campos estratégicos con miras en el interés público; así como una profunda reformulación de la relación entre política y sociedad, estableciendo mecanismos eficaces de rendición de cuentas y de participación comunitaria
Entre las diversas propuestas de diseño institucional que impulsará nuestra fuerza política pueden destacarse las siguientes:
Desarrollar mecanismos para promover la independencia y transparencia del Poder Judicial. Reconociendo el enorme avance producido en la Corte Suprema de Justicia aparece claramente la necesidad de abordar profundas reformas en la metodología de selección de Jueces de Primera y Segunda Instancia, tanto para la Justicia Federal como para las de las Provincias. La actuación del Consejo de la Magistratura resultó deficiente para consolidar la división de Poderes, debiendo avanzarse sobre un mayor control ciudadano en el mecanismo de designación de Jueces y en la imposición de requisitos (publicación de antecedentes profesionales y laborales, publicación de la calificación de los exámenes, instancia de revisión de exámenes por parte de los interesados, obligación de optar por quienes obtengan mejores calificaciones) tendientes a garantizar la idoneidad e integridad del Juez seleccionado.
Establecer instancias eficaces de contralor de Cuentas Públicas. Sobre la base de una cabal Rendición de Cuentas de los Funcionarios Públicos será necesario dotar de mayores atribuciones y competencias a los Organismos encargados del control, que deberán recuperar poder sancionatorio e independencia funcional de sus auditores. La Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y los Tribunales de Cuentas provinciales deben ser jerarquizados y dotados tanto de capacidad para controlar sin intromisiones ni coerciones como de sancionar efectivamente las irregularidades verificadas.
Implementar herramientas concretas de política Anticorrupción, lo que implicará revalorizar y dotar de contenido la Oficina Anticorrupción Nacional; Desarrollar metodologías innovadoras de contralor de los procesos de contrataciones y compras (que por ejemplo podrían ser auditadas por Asociaciones Civiles de reconocido prestigio y publicadas en la totalidad de sus procesos por medio de Internet); Publicación obligatoria y permanentemente actualizados de los patrimonios de la totalidad de los Funcionarios Públicos.
Propiciar medidas tendientes a la construcción de Ciudadanía, es decir dotar al ciudadano de herramientas que le permitan ejercer sus derechos plenamente (Normativa de Acceso a la Información en poder del Estado sin restricciones arbitrarias; Procedimientos específicos para sustanciar reclamos y peticiones; Utilización de las nuevas tecnologías para publicar, concomitantemente con su producción, toda información de interés general; Establecimiento de canales de participación comunitaria sobre diversas temáticas, como Presupuestos Participativos, Elaboración Participativa de Normas, Bancas Legislativas Abiertas, Mecanismos de Democracia Semi Directa, etc.)
Jerarquización de la calidad de la Administración Pública, estableciendo de un modo claro y definitivo la Carrera Administrativa en todos los niveles del Estado. Ingreso y ascenso de los Agentes Públicos por medio de Concursos transparentes que garanticen la idoneidad del personal y su independencia de criterio ante eventuales presiones ilegales por parte de la conducción política de turno.
Regularización de las Estadísticas públicas. No cabe dudas de que una de las asignaturas más relevantes en lo inmediato es la recuperación de la confianza ciudadana sobre los entes públicos encargados de elaborar estadísticas públicas, que deben ser pilares para el diagnóstico y el diseño de las políticas públicas.
Autonomía Municipal. Anhelo político insólitamente postergado en la Provincia de Buenos Aires, que aún en contra de lo que dispone la Constitución Nacional se sigue rigiéndose por una normativa de facto (el Decreto Ley denominado “Ley Orgánica de las Municipalidades”) que impone severos límites al desarrollo de los Municipios y por ende atenta contra la posibilidad de construir democracias de proximidad con desarrollo pleno.
Reforma Política. Resulta fundamental mejorar los sistemas electorales, los mecanismos de control patrimonial de los Partidos Políticos y el contralor de los gastos de las Campañas Electorales. Será necesario que las sanciones ante irregularidades en las rendiciones de gastos sean efectivas y severas. Se impone asimismo optimizar los sistemas de representación política de modo de que guarden una relación más estrecha con la voluntad popular, lo que implicará eliminar los institutos que distorsionan la proporcionalidad de la representación (como por ejemplo los cocientes electorales que imponen un piso de votos a las minorías y que en muchos casos significa que fuerzas políticas con un cincuenta por ciento, o menos, de los votos, accedan al cien por cien de los cargos en disputa como consecuencia de que las minorías no alcanzaron el piso que arbitrariamente establece la Ley).
Educación
En materia de educación, creemos que es imprescindible fortalecer la educación pública. Debemos emprender una profunda e integral reforma del sistema educativo en todos los niveles e incluyendo a todos los actores que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestra propuesta esta basada en la democratización de los procesos educativos.
Presupuesto. Incrementar el presupuesto destinado a educación, tomando el objetivo del 6% del PBI como piso y no como techo. Alcanzar como meta inicial el 8% del PBI, excluidos los presupuestos destinados a la Educación Superior y a la investigación científico-tecnológico. Se garantizará la gratuidad y el libre acceso tanto a la Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Terciaria y Universitaria.
Educación Inicial. Proveer los fondos necesarios para la atención de la educación inicial que comprende a los niños y niñas desde los 45 días hasta los 5 años de edad inclusive. Esta unidad pedagógica esta organizada en dos ciclos: El primero entre los 45 días hasta los 2 años (Jardines maternales) y el segundo desde los 3 hasta los 5 años inclusive (Jardines de infantes), extendiendo la obligatoriedad a las salas de 3 y 4 años, siendo actualmente obligatoria solo la de 5 años.
Educación Primaria. Asegurar la inclusión de todos los niños y niñas de 6 a 14 años. Garantizar la función de integración social, independientemente de las condiciones sociales de origen y el derecho a aprender y continuar sus estudios una vez finalizada la escolaridad primaria. Revisar la estructura y organización de la escuela como único formato para asegurar la atención a la diversidad y el multiculturalismo y dar cabida a los niños con sobreedad, a niños migrantes (internos y del exterior), y a los niños con diversas dificultades. Asegurar una enseñanza de calidad y óptimas condiciones de trabajo y capacitación para los docentes.
Educación Secundaria. Modificar sustancialmente los paradigmas que sustentan el actual régimen en las escuelas medias: asegurar aprendizajes de calidad, eliminar la repitencia en las escuelas primarias y medias reemplazándola por recorridos que permitan recuperar los conocimientos vacantes sin necesidad de abandonar su grupo original y no perder años en recursar asignaturas ya aprobadas. La repitencia es claramente la antesala a la deserción.
Una Nueva Escuela. La escuela que propugnamos debe tener las siguientes características: una escuela que asegure el acceso, la inclusión, la permanencia y la terminación. Una escuela de puertas abiertas a la comunicdad, una escuela con identidad y una escuela para la democracia, siendo la base primaria del sistema el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derecho y merecedores de respeto.
La Institución educativa. Garantizar tanto en la educación inicial como en la primaria y secundaria la doble jornada, en los lugares en que es necesaria, racionalizando los espacios educativos e incluyendo la atención alimentaria de todos los alumnos. Esta propuesta incluye naturalmente el concepto de la convivencia de pedagogos, trabajadores sociales, psicólogos y sociólogos para generar, no solo un marco de contención sino también transformar la institución educativa en un centro de irradiación cultural para la comunidad en que está inserta. De la misma manera se debe garantizar la atención primaria de la salud de los y niño/as y jóvenes, partiendo de la vigencia de un subsidio universal.
Educación Superior. Incrementar y adaptar la enseñanza superior a los requerimientos que el conocimiento contemporáneo requiere. Iniciar un proceso que lleve a reemplazar las unidades académicas disciplinares por distintos programas que incorporen los conocimientos interdisciplinarios necesarios. La formación de profesionales, la investigación científico-tecnológica y la extensión serán los ejes sobre los que se asentarán el compromiso de la Universidad con un Proyecto Nacional de desarrollo con equidad.
Posgrado. Organizar los estudios de posgrado de modo de distinguir entre los dedicados a la investigación y la docencia de aquellos de especialización profesional. Los primeros deberán ser gratuitos. Es necesario asegurar la presencia en las aulas universitarias de los jóvenes provenientes de los sectores más desprotegidos, circunstancia que se verá favorecida por el incremento de alumnos que culminen sus estudios secundarios, actualmente obligatorios y por el otorgamiento de becas.
Educación Terciaria. Generar la posibilidad de articular la labor de los Institutos de Formación Docente con las universidades de modo de facilitar la culminación de estudios superiores, valorando la actividad realizada en los mismos. Ampliar la oferta de terciarios de modo que permita la formación técnica para atender las más diversas actividades laborales.
Democratización de la Enseñanza. Facilitar la participación en la toma de decisiones de padres, alumnos, graduados y docentes en los distintas instancias del sistema. Internalizar en los jóvenes valores de solidaridad, consolidando su formación ciudadana y política. Estos valores se pondrán en juego a partir de la enseñanza de contenidos específicos, del desarrollo de proyectos institucionales y comunitarios, como así también a través de la contrastación de ideas entre todos los actores del proceso educativo.
Salud
En términos de salud, es necesario fortalecer las prácticas preventivas y ofrecer las mejores prestaciones sanitarias, asegurando la universalidad, accesibilidad, equidad y gratuidad de la asistencia. Es fundamental que el Estado garantice el derecho a la salud a todas y todos los habitantes de la Argentina.
Crear un sistema Nacional Integrado de salud que permita unificar los recursos económicos estatales de jurisdicción nacional y provincial y de la seguridad social (empleadores y trabajadores) en una cuenta única que financie la provisión de servicios de salud no arancelados y universales con eficiencia, efectividad y calidad a toda la población.
Incorporar en el sistema Nacional Integrado de salud la idea de renovación de la Atención Primaria de la Salud. Esto implica que los centros de salud se conviertan en el primer nivel de contacto entre la población y el sistema de salud. Que los mismos posean perfiles diferenciados según necesidades epidemiológicas diferentes pero que se constituyan en el ingreso de la población a la red de servicios.
Integrar los servicios de salud mediante sistemas de referencia y contrarreferencia y formalizar redes de derivación en todo el país.
Crear un sistema de atención en salud mental que contemple estrategias de desinstitucionalización progresivas con la creación de dispositivos no manicomiales (casas de medio camino, casas de convivencia, hospitales de día) para pacientes actualmente internados así como dispositivos de atención de urgencias en salud mental y de tratamiento de pacientes agudos en hospitales generales.
Promover la producción pública de medicamentos y que los mismos se distribuyan en los efectores estatales de salud de jurisdicción nacional, provincial y municipal.
Fortalecer el vínculo entre universidades nacionales, organismos de investigación y servicios de salud para que los problemas de los sistemas y servicios de salud puedan ser resueltos mediantes estrategias de investigación. Esto implica orientar las universidades públicas al servicio de las necesidades del país.
Hacer efectiva la regulación de las empresas de medicina prepaga mediante el control de las mismas por la superintendencia de servicios de salud.
Desarrollar políticas de formación e institucionalización de los recursos humanos en salud mediante la creación de una carrera profesional que responda a las necesidades de la población así como también de sistemas de capacitación e incentivos que mejoren la calidad de los cuidados/atención de la salud.
Incentivar el desarrollo de programas de salud que promuevan hábitos de vida saludables (programas centrados en la salud y no solamente en la enfermedad) en la población y evaluar el efecto e impacto de los mismos. Acompañar esta iniciativa con el desarrollo de sistemas de información como elementos para la planificación y programación en salud.
Fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación apoyando y conduciendo la planificación y programación de acciones de salud (vigilancia, promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación) de las provincias y municipios de la Argentina.
Políticas de Género
En materia de políticas de género nuestra propuesta es la incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo de las políticas públicas con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo pleno de varones y mujeres. Las políticas de género deben ser transversales para revertir la desigualdad en diversos ámbitos de la vida pública y privada. Creemos en la igualdad como valor y como práctica y por lo tanto defendemos la igualdad de género. La perspectiva con la que se ha entendido históricamente el mundo es masculina y esto ha impregnado desde el lenguaje hasta el trato en la vida cotidiana y la propia actividad política. Esta situación requiere de acciones y políticas específicas para ser revertida a través de la implementación de un Plan de Igualdad de Oportunidades y Trato entre varones y mujeres, que contemple:
Crear instrumentos de medición y evaluación que visibilicen el avance de la situación y posición de las mujeres y contar con información sobre las diferencias entre varones y mujeres (estadísticas desagregadas por sexo y con las variables adecuadas) y contar con información desagregada por sexo que nos permita medir y evaluar el sesgo de género en distintos ámbitos de la vida pública y privada. Así mismo, crear instrumentos de evaluación y monitoreo que nos permitan establecer el impacto que las políticas públicas tienen en el desarrollo (integral y nos sexista) de varones y mujeres. Nuestro país tiene históricas limitaciones para la elaboración y difusión de sus estadísticas, y también en el acceso público de la información. Debemos promover la realización de diagnósticos participativos con la participación de las mujeres y organizaciones de la sociedad civil.
Revisar y reformular la estructura institucional del Estado destinada a la igualdad de género, con dependencias que manejen un presupuesto para el área de género y capacidad de incidencia política para mejorar la situación de las mujeres.
Garantizar que las mujeres sean sujeto y no objetos de las políticas de salud. En Argentina existen leyes y normas que garantizan el derecho de las mujeres a la salud, a sus derechos sexuales y reproductivos, a la no discriminación, a la educación sexual pero la provisión de atención adecuada no está garantizada en nuestro país. Por esto proponemos entre otras medidas: priorizar los programas de VIH/SIDA y Salud Sexual y Reproductiva en la agenda de salud y su articulación; garantizar el derecho a la salud con criterios de accesibilidad, universalidad, equidad, integralidad, participación, respeto por la diversidad y efectivización de derechos, tanto en acciones de prevención, como de atención y promoción de la salud, programar, implementar y monitorear programas de educación sexual con perspectiva de género en las escuelas, en todos los niveles. Garantizar el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y adoptar medidas para disminuir el alto índice de morbimortalidad materna y mortalidad infantil.
Eliminar la brecha salarial y el techo de cristal que continúan siendo un grave indicador de la persistencia de la desigualdad por razones de sexo en las relaciones laborales. Proponemos desarrollar políticas para fortalecer la participación social, política y económica de las mujeres y su acceso a puestos de decisión, a través de procesos de debate participativo. Establecer reglamentación adecuada para combatir el acoso sexual laboral.
Brindar licencia por maternidad/ paternidad a ambos padres para cuidado de los y las niñas y de familiares enfermos y crear servicios públicos que faciliten el trabajo doméstico relativo al cuidado de familiares.
Incluir la perspectiva de género en todos los niveles educativos y eliminar todas las formas de discriminación sexistas en la enseñanza materiales de estudio. Difundir una imagen social no estereotipada de las mujeres y realizar una campaña para sensibilizar sobre los efectos de la discriminación de género.
Fortalecer el ejercicio de los derechos de las mujeres y su ciudadanía activa a fin de eliminar la violencia pública y doméstica que incluye violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual. Es fundamental desarrollar ciudades sin violencia hacia las mujeres y niños y niñas, con espacios accesibles que tenga como pilares la confianza, cooperación y solidaridad como valores en la convivencia. Es necesario para combatir este flagelo crear e implementar servicios integrales que contemplen la atención médica, jurídica, psicológica, creación de refugios con equipos interdisciplinarios especializados para auxiliar a las mujeres en situaciones de violencia.
Garantizar los derechos a las personas que tienen una orientación o preferencia sexual diferente o que porque su identidad de género no concuerda con el sexo asignado en su nacimiento. Para esto, el Estado tiene que desarrollar campañas de concientización y sensibilización para combatir toda forma de discriminación. Entre otras medidas proponemos la derogación de los Códigos Contravencionales y/o de Faltas de las provincias que criminalizan explicitamente en el texto de sus artículos a travestis, trans y gays. Reconocer el derecho de las personas del mismo sexo a la unión civil. Permitir el cambio del nombre cuando no concuerde el del DNI con su identidad de género y reconocer el derecho a cambiar el propio cuerpo. Ademas, proponemos la inclusión de una perspectiva de orientación sexual y la identidad de género en la Ley de Educación Nacional para garantizar el fin de la discriminación por orientación sexual e identidad de género.A
Economía y Producción
En términos económicos es necesario que la economía esté al servicio de mejorar la calidad de vida de la población. Y eso sólo se logra con una política económica adecuada, centrada en mejorar la distribución del ingreso y manteniendo altas tasas de crecimiento. Para ello, es necesario avanzar en tres direcciones: la mejora distributiva por medio de la redirección del gasto hacia los sectores populares y el incremento de la recaudación haciendo que “los que más tienen sean los que más paguen”. La recuperación de los recursos naturales para el país y la planificación del desarrollo mediante la articulación de políticas productivas que generen más empleo y de mejor calidad.
Fortalecer las instituciones de planificación y promoción del desarrollo productivo. Crear una Comisión Nacional de Desarrollo que actúe como órgano de planificación y coordinación de las políticas vinculadas al desarrollo nacional. Creación de un Banco Nacional de Desarrollo que canalice el financiamiento hacia los sectores considerados estratégicos para el desarrollo y hacia las pequeñas y medianas empresas.
Articular un plan de desarrollo industrial que impulse la creación de nuevos sectores de base tecnológica y estimule el desarrollo de las cadenas de valor promoviendo la integración local y el avance hacia productos más complejos tecnológicamente. Desarrollo de regímenes de promoción adecuados a las especificidades sectoriales y reformulación de la ley de promoción de inversiones, privilegiando a los sectores considerados estratégicos y a las pequeñas y medianas empresas.
Lanzar un plan de desarrollo integral del sector agropecuario, que promueva la producción y exportación de productos con mayor valor agregado, el desarrollo tecnológico en biotecnología, maquinaria agrícola y otros insumos utilizados por el sector, el fortalecimiento de las economías regionales y que asista a los pequeños y medianos productores.
Promover la diversificación de la matriz energética y asegurar el autoabastecimiento energético, incrementando la importancia de las fuentes de energía renovable. Impulsar el desarrollo de los biocombustibles no granario, la energía eólica y la construcción de centrales hidroeléctricas y nucleares, fomentando el surgimiento y crecimiento de empresas nacionales líderes en estas áreas.
Asegurar un crecimiento sustentable y continuo del producto bruto. Sostener una política macroeconómica que contribuya a la competitividad de la producción nacional y permita disminuir la carga de la deuda externa.Llevar a cabo una política fiscal anticíclica que evite fluctuaciones del nivel de actividad y procure situar a nuestra economía en un sendero de crecimiento sostenido.
Regular la provisión de servicios públicos en manos de empresas privatizadas, asegurando la extensión del servicio a toda la población, instrumentando una tarifa social para los sectores más postergados y promoviendo la compra de insumos y bienes de capital nacionales por parte de las empresas privatizadas.
Reformar la estructura tributaria, fortaleciendo la imposición sobre las ganancias personales (eliminando las exenciones que hoy benefician a las actividades financieras y especulativas), los patrimonios (reintroduciéndose el impuesto a la herencia y las donaciones a título gratuito) y los bienes suntuarios; atenuar la carga sobre los bienes de consumo de carácter masivo, rebajando la alícuota del IVA. Aumentar la carga impositiva total y mejorar la progresividad del impuesto a la ganancia. Reducir drásticamente la evasión y la elusión impositiva.
Universalizar las asignaciones familiares por hijo. El programa destinaría no menos de 1.5 puntos del PBI y permitiría reducir sustancialmente la pobreza y la indigencia. Este programa apunta al sector más postergado de la población: todavía hay en el país más de 6 millones de niños pobres. Fortalecer el seguro de desempleo.
Asegurar la apropiación estatal de la renta diferencial proveniente de los recursos naturales. Creación y fortalecimiento de empresas estatales petrolíferas, gasíferas y mineras que aseguren una explotación sustentable de los recursos no renovables y la reinversión de las ganancias en pos del desarrollo productivo. Generar una legislación que asegure una apropiación sustentable. Reimplantación de retenciones móviles para captar la renta de la tierra y reducir el impacto de la inestabilidad de los precios agrícolas sobre la economía argentina.
. Si eso no es estar pendientes “del qué dirán” de los grandes medios, yo no sé qué es)
