Así quedó en 2012:
De acuerdo al proyecto de ley sancionado, la nueva YPF quedaría con un 26,03% de sus acciones en manos del Estado Nacional; 25,46% en poder del grupo Petersen (propiedad de la familia Eskenazi); 24,99% para los distritos petroleros (provincias); 15,35% en acciones que cotizan en bolsa, mientras que Repsol retendría el 7,23% (queda un % minoritario en manos de otros privados).
A partir de ese momento hubo diversos cambios, como la venta de acciones por parte de Repsol, el retroceso de Petersen por su crisis o la compra de Soros:
La operación coloca a Soros como el cuarto mayor accionista minoritario. YPF está controlada por el Estado, que tiene el 51 por ciento del paquete accionario. Luego aparecen el Inbursa (5,7 por ciento), del millonario mejicano Carlos Slim, Lazard (4,4 por ciento) y Mason Capital (cuatro por ciento). Los restantes son privados muy minoritarios, que apuestan a un desarrollo en Vaca Muerta.