Gas pimienta
Por Jorge Altamira
(Tranquilo bostero, no habla del papelón del año pasado!)
A partir del fallo de la Cámara de La Plata, que ha generalizado al conjunto del país la suspensión del tarifazo del gas, la protesta social se ha convertido en una crisis política. El gobierno reclama el arbitraje de la Corte Suprema en las vísperas de la feria judicial. Las provincias de la Patagonia se habían anticipado con puebladas de diversa magnitud. Estas movilizaciones son la respuesta a aumentos que representan, incluso en promedio, el 40% de un salario mínimo oficial, y que afectan los costos de industrias y comercios. Los pronunciamientos de las diversas instancias judiciales reflejan el impasse que se ha creado en el sistema político. El oficialismo ha advertido que un fallo adverso de parte de la Corte o incluso simplemente dilatorio, tendría consecuencias en la ‘gobernabilidad’. Quince años después de 2002, Argentina no tiene resuelta aún la herencia de la quiebra de las empresas de servicios privatizadas. La década ganada ha dejado en pie una parte fundamental de la bancarrota de 2001/2. Todo un dato político.
Quince años
En efecto, los llamados subsidios a los servicios no fueron determinados, en el tiempo transcurrido por el propósito de incentivar el consumo popular, sino que fue el procedimiento elegido para mantener en pie las privatizadas por el menemismo. Esas privatizaciones del tándem Menem-Kirchner y la tropa pejotista de los 90, significaron al mismo tiempo la dolarización de las tarifas. Las inversiones fueron financiadas con deuda externa privada y, como contrapartida por un esquema de precios internacionales que debían remunerar intereses y dividendos en las Bolsas internacionales. Lo mismo ocurrió en toda América Latina, en particular con el agua; los habitantes de Cochabamba debían pagar las tarifas de París o Londres. A partir de la crisis asiática, que comenzó en Tailandia en febrero de 1997, y que pasó, como un monzón, a las naciones vecinas, para trasladarse luego a Rusia, Brasil, Estados Unidos (quiebra del fondo LTCM) y, al final, Argentina, este esquema de expoliación menemo-kirchnerista se derrumbó. La devaluación multiplicó por tres o cuatro la deuda externa privada y redujo a la nada la capacidad de los usuarios para pagar tarifas nominadas en dólar. La quiebra de la convertibilidad significó, asimismo, la quiebra de los bancos, que fueron rescatados o socorridos por la máquina impresora del Banco Central. Los Evo Morales, Ollanta Humala, Lula da Silva llegaron al gobierno a caballo de esta crisis y de las rebeliones populares que suscitaron.
El pasaje del matrimonio Kirchner al campo ‘nacional y popular’ resultó mucho menos progresista de lo que se pretendió hacerlo relucir -en primer lugar, porque no estatizó ninguna de las empresas privatizadas, salvo el caso extremo del agua, en manos francesas. Desde el gobierno de Duhalde, primó, sin la menor objeción, la política de mantener el pie las privatizaciones (como lo hicieron con los bancos, las petroleras y las telefónicas) O sea proceder a un rescate que las ‘normalizara’ con el tiempo, dolarización de por medio. La burguesía nacional aprovechó la crisis y la declaración del ‘defol’, por parte de Rodríguez Saá, para desplazar del negocio a algunos pulpos extranjeros. Así, por ejemplo, Pampa Energía, del grupo Mindlin (un furioso K que se ha convertido en furioso M), se hizo de Edenor por chaucha y palitos. En otros casos, los ‘grupos nacionales’ se asociaron al capital extranjero - como ocurrió en las telefónicas. El slogan ‘nacional y popular’ fue el santo y seña transicional de estos desplazamientos. Cortito y al pie, el kirchnerismo mantuvo vivas, con el pulmotor de los subsidios, a las privatizadas que hoy festejan el tarifazo descomunal - el primer rodrigazo del siglo XXI. La función última de este rodrigazo es restablecer una rentabilidad dolarizada sobre una base contractual, y habilitar de este modo un ciclo de endeudamiento internacional asociado a los servicios y otros negocios. Este proceso se encuentra más avanzado en el campo de las telecomunicaciones. Los favoritismos a Telefónica y a Telecom, favorecidas por la ley de medios, han sido sustituidos para beneficio de Clarín y de las corporaciones norteamericanas – como Time Warner.
Subsidiando al capital
Como hemos señalado y escrito en numerosas ocasiones, el congelamiento de tarifas operó como un subsidio a la burguesía -no a los trabajadores. Las menores tarifas se tradujeron en salarios relativos menores, porque fueron establecidos sobre la base de una canasta familiar inferior a la de una canasta que no hubiera contado con esos subsidios. La burguesía recibió, además, el subsidio directo a sus insumos. Bien mirado, por la vía de los impuestos al consumo (IVA) y a los salarios y las jubilaciones, los trabajadores financiaron esta transferencia de ingresos a la burguesía, incluida la inflación (déficit fiscal). Esto lo reconoció CFK, expresamente, en un discurso en cadena, enojada porque la burguesía K se pasaba al apoyo a Massa y Macri.
¿Por qué sería impagable hoy el tarifazo si no es porque reduce el salario por debajo del valor de la fuerza trabajo, o sea que los subsidios nunca lo pusieron por encima de él? El peso de las retenciones a las exportaciones en la financiación de los subsidios debería ser cotejado con los subsidios recibidos por los distintos estratos de la burguesía agraria en concepto de los subsidios tarifarios, incluidos los combustibles, gas oil, y un tipo de cambio que estuvo subvaluado hasta 2012, aproximadamente. El kirchnerismo reconoció hace mucho tiempo el reclamo capitalista de sustituir los subsidios por un régimen de tarifas dolarizadas, cuando habló de “sintonía fina” o de renuncias a subsidios a partir de ciertos ingresos, pero nunca pudo ir hasta el final por las contradicciones de su política económica, en primer lugar, como las devaluaciones que corrían el arco hacia tarifazos mayores o el déficit fiscal que atizaba la inflación y era financiado por la Anses y el Banco Central - y por el temor a la reacción popular, en segundo lugar. El equipo del frustrado candidato, Scioli, tenía el tarifazo en agenda, junto con el pago a los fondos buitres y la devaluación. Por eso sus legisladores viabilizan ahora, con sus votos, los proyectos de ley de Macri.
El “mundo” y el tarifazo
Pocos han reparado que el tarifazo macrista ocurre en un momento propicio para hacer lo contrario - para evitar tarifazos. Ocurre que la materia prima de estos servicios es el petróleo y el gas, cuyos precios han caído como plomo en el mercado internacional. El petróleo de 100 a 40; el gas, de 12.50 en algunos casos, y de 8.80 en media a ¡2.75! (todo en dólares). Quiere decir que estos costos de la energía eran antes un 250% y un 500% más altos que los actuales. Pero ya desde el gobierno ‘nac & pop’ se había decidido garantizar un precio más alto que el internacional al gas y al petróleo en boca de pozo, para asegurar la rentabilidad de los monopolios petroleros privados – incluida YPF, que se financia con acciones y títulos de deuda en el mercado internacional. Los K, cuando se quejan de los tarifazos, aluden poco al hecho de que han sido promotores activos. En otras palabras, el tarifazo del gas es un subsidio a las petroleras.
En su condición de mecanismo de subsidio a las petroleras, el tarifazo se convierte en un impuesto al consumo, que debería conseguir la aprobación del Congreso. Shell, en especial, está haciendo un negocio que bordea el delito cuando importa petróleo a precio internacional (más bajo que el interno) para vender sus derivados al precio nacional superior establecido por CFK-MM. Compite en forma desleal con la producción interna, que por otro lado está subsidiando El caso de Pampa Holding, del grupo Mindlin, es otro caso similar, porque ya se ha adelantado a comprar Petrobras, que está malvendiendo sus activos por la crisis brasileña. En lugar de invertir en la distribución de energía, pone la plata del tarifazo para acaparar la renta energética desde el pozo hasta el servicio industrial y domiciliario. No hay que ser muy perspicaz para explicarse por qué el Macri-Panamá y el Aranguren-Shell no quieren discutir los tarifazos en audiencia pública: quedaría al desnudo el desfalco. El tarifazo, en resumen, convertiría a Argentina en un paraíso de la renta energética mundial, en momentos en que se desploman los precios y la renta minera. Si para los usuarios de gas por cañería es un golpe brutal, para los pueblos que deben recurrir a las garrafas es una catástrofe.
Golpe
El atropello que entraña el tarifazo no se limita a ignorar la audiencia pública establecida por ley. Hay algo más grave, porque el tarifazo es producido en ausencia de un contrato con las empresas, que establezca los compromisos de las partes en el desarrollo de la industria. El tarifazo es, así, una donación gratuita; fue dictado en forma unilateral por un accionista de Shell y no comporta ningún compromiso sujeto a verificación, ni, por lo tanto, la posibilidad de reclamos en instancias judiciales. Los auto declarados enemigos del ‘populismo’ le pasan el papel higiénico al estado de derecho. En esto se inspiran, es verdad, en el propio ‘populismo’, que ha hecho lo mismo con el acuerdo YPF Chevron, cuyo contrato está guardado bajo siete llaves - ahora por el macrismo. No se sabe, por lo tanto, cuál es jurisdicción que rige este acuerdo secreto, ni siquiera si tiene alguna, y si no ha elegido, en su lugar, los tribunales arbitrales del Banco Mundial, es decir el brazo ‘judicial’ de Chevron.
Hay algo más. El gobierno ha dicho expresamente que el tarifazo en marcha es apenas la mitad de la normalización tarifaria que sería necesaria. Es decir que pretende cumplir los cuatro años de mandato constitucional bajo un régimen arbitrario y de lesa legalidad. Dado el lugar estratégico que ocupa la energía, el empeño en proceder a un tarifazo indefinido en el tiempo plantea un horizonte de desequilibrios económicos de largo plazo y un cuadro de crisis permanente. Las implicancias políticas son enormes, en especial cuando se asocia a este rumbo el FpV y el centroizquierdismo reconvertidos. El voto en blanco del FIT y el Partido Obrero en el balotaje, le dan toda la autoridad para impulsar la derrota del tarifazo por medio de la lucha.
En el afán de poner fin a la “emergencia” económica y política desatada por la crisis y la rebelión popular de 2001/2, el macrismo se topa con el “viejo topo” – con una manifestación de rebelión popular. Deja al desnudo que la clase capitalista no puede operar con otros métodos que los de la “emergencia” y la arbitrariedad (los estadoderechistas siguen manejando el presupuesto con superpoderes). También pone en evidencia que el macrismo y los sciolistas y centroizquierdistas no puede gobernar sin pagar enormes tributos económicos a sus mandantes y, por lo tanto, atizando la rebelión popular. La lucha contra el tarifazo es un episodio relevante en la trayectoria de crisis de la gestión macrista.
Programa
La exigencia de audiencias públicas es un buen recurso contra el tarifazo, como campo de agitación política. No se puede ignorar, sin embargo, que ha funcionado siempre como un legitimador de las medidas impuestas por el poder. No se puede, entonces, limitar, la campaña contra el tarifazo a ese método. Es necesario que la clase obrera tome la batuta de la lucha, con los métodos que la caracterizan. Tampoco está en cuestión solamente el tarifazo: importa saber que han hecho las privatizadas con los subsidios K, incluidos a los José López y Julio de Vido en este rubro. Los concesionarios del ferrocarril usaron los subsidios para iniciar otras empresas – dentro y fuera del país. ¿Qué han hecho las privatizadas? Hay que poner la lupa en la conexión de Cerro Dragón a PAE y a Bulgheroni. ¿Cómo financia Mindlin la compra de Petrobrás, cuando dice que las tarifas actuales no le alcanzan para brindar un servicio normal? Las cotizaciones de Pampa Energy, la supuesta perjudicada por el congelamiento de tarifas, es de las que más han subido en la Bolsa de Nueva York en toda la década.
Ahora que CFK y Macri coinciden con la necesidad de auditorías, debería haber una sobre las privatizadas de servicios antes de producir cualquier tarifazo. Los sindicatos combativos y las asociaciones de consumidores realmente autónomas deber hacerse cargo de ellas. El servicio de gas en garrafa debe ser provincializado o municipalizado, bajo control de los trabajadores.
El tarifazo debe ser puesto en contexto: apunta a un esquema económico general de dolarización, incompatible con el desarrollo de los intereses populares. Es contradictorio con la tendencia al derrumbe de la renta minera mundial, o sea que opera como un subsidio al capital, invocando la eliminación de los subsidios. Las empresas de servicios han incumplido con sus compromisos en la década ganada, y por eso se le deben retirar las concesiones que explotan. No son dueñas de la infraestructura energética, sino sus aprovechadores, pero no pagan por su uso. Se impone declarar desierta la gestión de los servicios públicos, que debería ser sustituida por un régimen discutido y aprobado por la deliberación popular. Es necesaria la apertura de los libros de las empresas, desde las petroleras y gasíferas hasta las generadoras y distribuidoras. La salida más barata a esta crisis y de lejos la más productiva es la nacionalización integral de la energía, bajo el control de comisiones de trabajadores electos y revocables.
Debemos aprovechar el derrumbe internacional de la renta minera para promover una industrialización sistemática, bajo la dirección de la clase obrera.
¿En el Ballotage? En blanco.