Primero, yo no te hablo como comunista, eso lo estás diciendo vos.
La coyuntura arranca con una ofensiva hegemónica del capital monopolista que se
consolida, en el primer período de la Revolución Argentina durante el lapso que podríamos
personalizar en la pareja Onganía-Krieger Vasena. En esa etapa efectivamente, el
predominio del capital monopolista se transformó en hegemonía dentro del bloque
dominante, y el capital nacional y la burguesía agraria debieron supeditarse políticamente a
él. Ello se logró a través del establecimiento de una nueva fórmula de poder que arrasó con
el régimen de partidos y lo suplantó con una coalición entre las Fuerzas Armadas y el
establishment, la que se intentó agregar a la burocracia sindical.
Esta fórmula aparecía como la respuesta más coherente en el nivel de las fuerzas sociales
para las necesidades que la lógica del desarrollo capitalista venía planteando desde tiempo
atrás. Queremos decir con ello que los contenidos del movimiento de 1966 estaban ya
larvadamente diseñados cuando encontró su techo, a mediados de la década del 50, el
modelo de crecimiento capitalista vigente hasta entonces. A partir de ese momento la
historia de las clases dominantes argentinas es la historia, zigzagueante, de la búsqueda de
ajustes entre las nuevas condiciones económicas y las estructuras políticas.
Estas nuevas condiciones económicas suponen la necesidad de un proyecto de crecimiento
a largo plazo caracterizado por cambios de orientación en la política frente al capital
extranjero, frente a la promoción industrial
y frente a la política laboral, tendientes a favorecer un modelo de acumulación adaptado al
crecimiento de los sectores monopolistas.
Una orientación de ese tipo en los grupos predominantes de la burguesía es posible
comenzar a detectarla, a partir de la crisis de 1952, como un intento dirigido desde entonces
a concluir con la política distribucionista y con la ineficacia de las empresas surgidas al
amparo del proteccionismo y del proceso inflacionario y a utilizar el poder del Estado para
obtener el desarrollo de las economías externas requeridas por su propia dinámica de
crecimiento, sólo posibles a través de una acción pública que incrementase las inversiones
en obras de infraestructura y, por lo tanto, racionalizara el desempeño del Estado mediante
la eliminación de gastos improductivos.
Ese proceso no encontró, durante años,sino ecos adormecidos en el poder político, siendo
que, como en todo salto en el desarrollo capitalista el papel a cumplir por el Estado
resultaba una variable imprescindible. Finalmente, en 1966, como antes en 1930 y en 1943,
fueron las Fuerzas Armadas quienes, encaramándose en el proceso de desarrollo del
capitalismo, disolvieron las estructuras políticas anteriores y se transformaron en
dinamizadoras de la nueva etapa.
Las Fuerzas Armadas completan así en 1966 un ciclo político cuya primera versión había
estallado en 1955 con el derrocamiento del nacionalismo popular peronista, operado cuando
tenían lugar los primeros síntomas de la crisis. Desde ese momento, es decir, desde al
agotamiento del tramo industrializador sustitutivo de importaciones de manufactura liviana,
se planteaban para el futuro del capitalismo en la Argentina dos alternativas básicas. Una,
forzar la marcha llevada hasta entonces por el peronismo hacia un modelo de desarrollo
basado en una sólida alianza entre el Estado y el capital nacional para estatizar los centros
fundamentales de acumulación.
Otra, crea las condiciones para una etapa del desarrollo capitalista en la Argentina,
mediante la implementación de políticas que, acentuando la dependencia, fueran capaces de
garantizarle a los sectores más concentrados el control de la economía.
Quedaba, por supuesto, una tercera y residual alternativa: la instrumentación de una política
de compromisos constantes entre las clases y fracciones de clase dominantes por la que el
Estado se transforma en una suerte de campo neutro donde todas ellas compiten,
obteniendo beneficios inmediatos según la fuerza de su presión.
El derrocamiento del nacionalismo popular descartó la posibilidad de un desarrollo vía
capitalismo de Estado, pero también condujo al establecimiento de una nueva hegemonía
mediante la cual el conjunto de las clases dominantes acatara la dirección del capital
monopolista.
En primer lugar, porque en el nivel económico el proceso de predominio de capital
monopolista no estaba aún consolidado y el poder de las otras fracciones de clase, en
especial la burguesía agraria, era muy grande. En segundo lugar, porque la fórmula de
poder se construyó alrededor del consenso que podían prestar los partidos políticos, ligados
en su mayoría con los proyectos de capital nacional y la burguesía agraria.
Esta fórmula de poder, en la que los partidos políticos debían jugar un rol protagónico,
fracasó: la llamada “Revolución Libertadora” de 1955 fue, quizás, el último intento
orgánico de la burguesía agraria por mantener un rol hegemónico en el bloque dominante.
Sobre ese fracaso aparece en 1958, la alternativa de Frondizi. Básicamente el gobierno de
Frondizi es un capítulo del proceso de maduración de los intentos hegemónicos de capital
monopolista y del afianzamiento de su predominio en el terreno económico, por el aliento
dado entonces a la radicación de inversiones extranjeras.
En el plano político la etapa supone la emergencia, en la fórmula de poder que se busca
instaurar, de nuevas fuerzas sociales: el establishment, que comienza a asumir roles
importantes en el aparato del Estado, y la burocracia sindical. Entretanto, el sistema de
partidos políticos es relegado a un segundo plano, hasta el punto que incluso se arrastra a
una virtual disolución al propio aparato partidario oficialista: el “frondizismo” es mucho
más “desarrollismo” que “radicalismo intransigente”.
El intento de estabilizar una nueva fórmula de poder, sin embargo fracasó. En un plano,
porque pese a permitir el avance de capital monopolista sobre las otras fracciones buscó
constituirse en factor unificador de conjunto
de la burguesía. La hegemonía de capital monopolista supone el sacrificio de sectores de las
clases dominantes; en la experiencia llevada a cabo entre 1958 y 1962 se trató en cambio,
de articular una política que mantuviera simultáneamente los niveles de protección para el
capital nacional, que siguiera transfiriendo ingresos a la burguesía agraria y que garantizara
altos beneficios para el capital monopolista.
Todo ello, en los hechos, se contrarrestaba y traía como consecuencia un acentuamiento de
la ineficacia del sistema en términos de su funcionalidad para la fracción predominante.
Como modelo, el propuesto por el desarrollismo quedó así como un intento pragmático de
compromiso entre todos los grupos dominantes locales y el capital extranjero. A diferencia
del ciclo de la Revolución Libertadora, que sólo intentó resarcir a la burguesía agraria y al
imperialismo de las pérdidas que le infligiera el nacionalismo popular, el frondizismo
proyectó ir más allá y superar los límites ya exhaustos de la industrialización liviana,
mediante el pasaje a una etapa de desarrollo de ramas industriales más estratégicas. Pero
ese objetivo sólo puede lograrse, en el cuadro de las relaciones capitalistas, entregándole al
Estado las llaves de la acumulación o poniendo al Estado al servicio del capital
monopolista. Al fracasar en sus objetivos económicos por su incapacidad para consolidar
un proyecto consistente, el frondizismo fracasó también en la construcción del esquema del
poder: no pudo satisfacer las necesidades que planteaba la coalición con la burocracia
sindical ni con las Fuerzas Armadas, no satisfizo totalmente al establishment y no logró
construir una alternativa frente al sistema de partidos políticos que se le oponían desde la
tribuna parlamentaria. Cuando a principios de 1962 fué desalojado, su legitimidad era nula
y el vacío hegemónico se planteaba. Quedaba como saldo, como soporte para la nueva
etapa, el fortalecimiento de las posiciones económicas del capital monopolista. Pese a ello,
los primeros pasos del régimen militar posfrondizista parecieron marcar una resurrección
de la gran burguesía agraria. Duró poco: el ministerio de Economía de Federico Pinedo, en
1962 fué como el último estallido victorioso de una ofensiva de la vieja oligarquía.
Tras ese episodio surge una suerte de “ensayo general” en el que dos de los protagonistas
principales del movimiento militar de 1966 aprontan sus efectivos; la constitución de una
nueva élite político-militar, el ascenso a funciones de gobierno de una burocracia formada
por tecnócratas y asesores del capital monopolista, esto es, la coalición entre establishment
y Fuerzas Armadas que caracterizará el primer tramo de la Revolución Argentina, tiene su
anticipo en el gobierno de José María Guido, entre 1962 y 1963.
Pero esta élite no estaba, sin embargo, lo suficientemente fortalecida en 1963 como para
otorgar salida hegemónica a un proceso que en lo económico ya estaba maduro. Es sobre la
base de esta reiteración de una vacancia, que los partidos políticos resurgen de sus cenizas y
forjan el gobierno de Arturo Illia; tras ellos el capital nacional y la burguesía agraria, sus
tradicionales soportes históricos, recuperan posiciones perdidas y, entre 1963 y 1966,
jaquean, a veces con éxito, al capital monopolista que carecía de expresión política estable.
Pero este triunfo de los partidos políticos y de las clases que son expresadas por ellos debía
ser efímero: iba a contramano de la lógica del desarrollo capitalista, suponía un
desfasamiento demasiado grande entre economía y política.
Los partidos políticos, como categoría institucional, suponen la vigencia de un sistema
particular de toma de decisiones. Ese sistema incluye, básicamente, un escenario y
determinadas condiciones para su constitución: el escenario es el parlamento y su condición
de existencia, la consulta electoral periódica. En la Argentina, dadas las características de
reclutamiento de la “clase política”, los partidos tienden a ser la expresión política
predominante del capitalismo nacional, urbano y rural.
El parlamento es así una tribuna en la que confluyen múltiples intereses “particularistas”, el
único recinto en el que las clases y fracciones de clase económicamente subordinadas en la
alianza dominante pueden llegar a predominar políticamente. En esa suma de intereses
particularistas expresados en el parlamento, se incluyen también los del capital
monopolista, pero la condición para su coexistencia es el estado de compromiso
permanente. Un compromiso que debe abarcar además, en alguna medida, a las clases
populares, porque las consultas electorales periódicas suponen la asunción, aunque fuere
retórica, de intereses “universalistas”. En el parlamento, el capital monopolista es llevado a
la mesa de negociaciones y su presencia en ella es subordinada. La elaboración de un
proyecto hegemónico no pasa por su presencia en ese escenario: se desplaza hacia otros
centros de decisión política: las Fuerzas Armadas, la tecnocracia ubicada en el aparato del
Estado y la burocracia sindical, con la que está relacionada por el “toma y daca” del
conflicto económico.
El proceso lleva a los partidos políticos y a las instituciones en que ellos actúan a girar en el
vacío. Un resultado que en la Argentina no fue difícil de conseguir dada, por añadidura, la
situación de proscripción política de las grandes masas populares que no se sentían
representadas a través del sistema de partidos. Este hecho, sumado a la carencia de
representatividad de los intereses económicamente predominantes, llevó en 1966 al
completo desgaste institucional.
Cuando en junio de ese año los militares toman por asalto el poder y utilizan como una
explicación de su alzamiento el deterioro de los partidos políticos decían una verdad: su
“crisis de autoridad” era total. La acumulación de capital, el incremento de la eficacia del
sistema económico, la racionalización de las actividades públicas, eran demandas que se
asentaban sobre la lógica del desarrollo capitalista: ellas imponían nuevas políticas,
contradictorias con las aspiraciones de las masas populares y con los intereses de las clases
económicamente subordinadas de bloque dominante. No estaba en la capacidad del sistema
de partidos asumir esas tareas: es a ese cuello de botella político de desarrollo capitalista
que el golpe de junio viene a poner fin.
