Hacer campaña obligando a los empleados públicos es PRO. O algo parecido. Desde hace dos meses los contratados de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sufren presiones para salir a hacer campaña en favor de la candidatura de Mauricio Macri a jefe de Gobierno. Todo esto en la entidad que ostenta el poder de policía para determinar y controlar las condiciones de habilitación, seguridad e higiene de lugares privados, construcciones y control de alimentos. Es decir, de aquella encargada de inspeccionar lo que sucede en la ciudad. Los empleados son obligados a cumplir tareas que distan mucho de aquellas por las que fueron tomados. Los directores de cada área bajaron la orden para que los contratados hicieran campaña. No de una concientización ligada a las tareas de la AGC, sino de una campaña proselitista a favor del PRO. La amenaza que reciben los empleados es que la colaboración será muy tenida en cuenta a la hora de pensar la continuidad que tendrá su contrato.
En la trama que se teje en el organismo encargado de controlar la seguridad e higiene de la ciudad se mezclan el desvío de fondos públicos, el abuso de poder y las presiones a trabajadores. Todas las versiones coinciden en que fue el director ejecutivo de la Agencia, Javier Ibáñez, quien bajó la orden a los directores de cada área para que facilitaran personal para hacer campaña proselitista. La directiva se focalizó en los contratados, que suman más de mil. Se les dijo que hay dos listas: una con los nombres de los que colaboran y otra con aquellos que no lo hacen. También se les dijo que esas listas tendrán un peso muy importante a la hora de renovar los contratos y que, incluso, esos datos servirían para que la relación laboral, que puede ser cortada en cualquier momento sin ningún derecho a indemnización, se termine antes de tiempo, ya que los contratados no tienen asegurada su continuidad, no reciben aportes sociales y deben refrendar su contrato cada año sin importar su antigüedad. Cerca de la mitad de la planta de contratados tiene un sueldo de 2550 pesos por mes. La presión también toca a los pasantes de la Agencia, que cobran 1800 pesos.
En diálogo con este diario, nueve empleados de la Agencia denunciaron la misma situación. La mayoría no se conoce entre sí y, sin embargo, todos coincidieron en cómo funciona la operatoria. Este tipo de prácticas alcanzaría, a su vez, a otras dependencias del Gobierno de la Ciudad.
La puesta en práctica de esa colaboración muestra también un desvío de fondos públicos. Desde que comenzó la campaña, cada día, entre las 10 y las 11 de la mañana, camionetas oficiales que salen de la puerta de la Agencia, ubicada en el barrio de Once –Perón 2933–, trasladan a empleados para hacer tareas proselitistas. A veces tiran volantes bajo las puertas, otras se ubican en las esquinas con sombrillas para repartir volantes del PRO que dicen “Sos bienvenido” y “Mauricio 2011”. En las dos jornadas en que este diario hizo guardia frente a la Agencia, dos camionetas pertenecientes al gobierno porteño –con chapas HTW333 y HTW337– salieron del estacionamiento oficial ubicado sobre la calle Boulogne Sur Mer. Se detuvieron en la puerta de la dependencia y subieron a empleados munidos de cajas, sombrillas y volantes del PRO. Las camionetas Mercedes Benz Sprinter llevaron a los empleados de la Agencia hasta la Comuna 7, de Flores. Allí repartieron volantes o pusieron mesas del PRO. El personal, en lugar de estar trabajando en la dependencia encargada de inspeccionar las irregularidades en la ciudad, estaba haciendo campaña.
Los empleados forzados a militar aseguraron que tienen miedo, que no tienen opción. Otros dijeron que prefieren no cuestionárselo y que eso les permite trabajar tres horas e irse a su casa en lugar de estar en la AGC. Ninguno se animó a dar su nombre, que es el gran problema que tienen todas las denuncias que circulan en la Agencia. Una de las contratadas, que fue obligada a hacer campaña, cuenta: “Repartí volantes de la comuna 7 debajo de las puertas de las casas. Mi jefe directo me dijo que fue el director ejecutivo el que bajó la orden. Me lo propusieron y no tenía ningún lugar para decir que no, porque me da miedo mi continuidad laboral. En mi caso, por suerte, sólo fui dos veces, pero me dijeron que puede ser que me necesiten otra vez”.
“El martes 14 de junio hicimos una asamblea en la que faltaba gente. Cuando preguntamos por qué, nos dijeron que los empleados se habían ido a volantear a las 10.30 en una camioneta. Nosotros tenemos la información de que utilizan a contratados de distintas áreas de la Agencia en horario de trabajo”, asegura Daniel Rubio, representante alterno de Sutecba en la AGC. Y continúa: “La gente viene y nos plantea lo que está pasando, pero cuando llega el momento de firmarlo se borran como consecuencia del miedo que provoca la precarización laboral: el sistema de contratados es tan precario que permite al gobierno rescindirlo en cualquier momento sin ninguna causa. Sin una denuncia formal no podemos hacer más que el reclamo en asamblea. Todos saben lo que pasa, pero nadie se anima a denunciar con nombre y apellido”. Rubio también asegura que la situación se da en distintas áreas pero que, como los empleados no quieren dar sus nombres, él tampoco puede brindar datos específicos sobre los puestos que ocupan.
En asamblea, los trabajadores de la AGC aprobaron un acta donde le reclamaron al director ejecutivo: “El inmediato cese en la presión a los compañeros de locación de servicios a fin de participar en tareas de proselitismo político, con la amenaza de no renovación de su contrato”. El acta lleva la firma de 21 representantes de los trabajadores. La respuesta de Ibáñez de la AGC no se hizo esperar. Paradójicamente, no negó que los empleados sean utilizados en horario laboral para hacer campaña, desviando fondos públicos, ni que haya camionetas y grupos que salen desde la AGC para realizar tareas proselitistas. Lo único que dijo fue: “Negamos cualquier tipo de presión”. “Fue una respuesta en la que se justificó”, comenta Rubio. Luego de eso, los delegados gremiales les dijeron a los contratados que se nieguen a ser utilizados para hacer campaña, pero los contratados siguen sintiendo que no tienen respaldo alguno para negarse.
Más allá de que distintas fuentes confirmaron que la operatoria no se hace sólo en la comuna 7, todos coincidieron en que ese es el lugar preferido de las campañas motorizadas desde la AGC, por el director ejecutivo Ibáñez y por el director de Legal y Técnica, Osmar Alza. Este último, casualmente, es delegado del PRO en esa comuna.
Página/12 :: El país :: El trabajo de militar por el PRO bajo presión
