En las primeras cuatro fechas presentó un déficit de más de 67 millones de pesos
El negocio estatal del fútbol pierde por goleada
[b]La comercialización de publicidad está lejos de cubrir la inversión prometida por el Gobierno, a pesar de que subió el rating de Canal 7. Marcelo Araujo atiende en una oficina del Comfer.[/b]
Por Nicolás Wiñazky.
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[b]Negocio pinchado.[/b] Cristina con Grondona y Maradona, cuando prometió que el fútbol sería un gran negocio para el Estado.
Marcelo Araujo, relator histórico de Fútbol de Primera, inventor del “¿Estás crazy, Macaya?”, es la última y flamante incorporación del gobierno de los Kirchner.
Aunque su designación no figura en el Boletín Oficial, ni fue informada por los voceros gubernamentales, el periodista trabaja en una oficina propia en el sexto piso del Comfer. Llega todos los días hábiles apenas pasadas las dos de la tarde y se va después de las siete, informaron en el propio organismo. Desde ahí organiza la transmisión del fútbol de la Primera A que se ve por Canal 7.
La incorporación de Araujo al staff oficial, una imposición de Julio Grondona, es sólo un detalle desconocido de los muchos que produjo el contrato firmado entre la Casa Rosada y la AFA, que le cedió al Estado los derechos televisivos de la Primera División por una década a cambio de 6.000 millones de pesos, atados a un índice de indexación (ver recuadro). A un mes del acuerdo, el organismo gubernamental creado para explotar comercialmente ese negocio todavía no funciona.
Jugadas cinco fechas, en contra de lo prometido por la presidenta Cristina y su jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el fútbol da pérdidas millonarias a pesar de que sus resultados son buenos, teniendo en cuenta que el 7 subió su rating hasta ganarles, incluso, a otras emisoras durante el prime time del fin de semana. Esa situación se contradice con la realidad interna del canal, ya que en los hechos su estructura casi no participa de las transmisiones (ver nota aparte). Fue Araujo quien designó a los relatores y comentaristas y fue él quien contrató “de palabra” a las productoras privadas que filman los partidos en cada cancha, con un costo aproximado de 30 mil pesos por match. Ni siquiera la señal satelital es producida por la emisora pública, sino que está a cargo de la productora La Corte, la misma que recibe cientos de miles de pesos anuales por filmar las actividades presidenciales.
MATEMÁTICAS. De acuerdo con el contrato entre la AFA y la jefatura de Gabinete, publicado el 1 de septiembre en el Boletín Oficial, el Estado le pagará a esa institución 600 millones de pesos por año, y en cuotas, a cambio de los derechos de transmisión de las 38 fechas de la Primera División. Aníbal Fernández aseguró desde un primer momento que el Estado no iba a “poner un peso” porque el fútbol es un negocio que daría ganancias multimillonarias. Después se desdijo: prometió que el Gobierno dejaría de perder plata a partir de la segunda fecha del torneo. Tampoco ocurrió. Siguiendo las cifras del contrato, por cada fecha del torneo de la A el Estado debería facturar más de $ 15.789.000 para no perder dinero. No pasa. Hasta la cuarta fecha, Canal 7 sólo facturó por publicidad $ 11.714.000, según se desprende de un estudio realizado por privados sobre la base de datos oficiales. O sea que el déficit, hasta ahora, es de 67.231.000 pesos.
A eso se suman desórdenes administrativos que impiden que el negocio genere dividendos. La parálisis burocrática es tal que las empresas privadas sólo pudieron publicitar sus productos en las transmisiones únicamente en la primera fecha del torneo. A partir de la segunda, el 7 desbordó y los privados se vieron obligados a quedar afuera de la pauta futbolera hasta nuevo aviso.
Para tapar ese bache, la emisora estatal recibió poco más de 11 millones de pesos en publicidad oficial: el Estado financió al Estado.
SIN BUSINESS PLAN. El Gobierno creó un organismo especial para explotar comercialmente al fútbol. Se llama “Programa Fútbol para Todos”. Su Comité de Gestión está integrado por Tristán Bauer, titular del Sistema Nacional de Medios Públicos; por Ignacio Candia, ex funcionario de la Secretaría de Medios que ahora trabaja en la oficina de prensa del Banco Central, y por Pablo Paladino, titular de Subsecretaría de Seguridad de Espectáculos Deportivos b[/b]. Por parte del Estado, en el Comité de Coordinación se desempeñan Gabriel Mariotto, titular del Comfer, y José Lucas Gancerain, asesor legal de la jefatura de Gabinete. Los cinco trabajan ad honórem y deben superponer sus labores económico-futbolísticas con el trajín diario que les generan sus cargos originales. En estas designaciones, se mezclan también las internas políticas: Mariotto y Paladino son dirigentes del Frente para la Victoria en Lomas de Zamora. En la Casa Rosada admitieron que el Programa Fútbol para Todos todavía no funciona. Pero prometen revertir la situación en el corto plazo así como, en su momento, habían prometido recaudar mucho más que los 600 millones que se pagan por año a la AFA: “Vamos a recuperar lo perdido hasta ahora”. Crítica de la Argentina intentó comunicarse con Mariotto, titular del Comfer, afín a la política interna del club Banfield y “padrino” K de Araujo, pero el funcionario no respondió.
Un contrato con indexación
Los 6.000 millones de pesos por diez años de partidos que el gobierno se comprometió a pagarle a la AFA por el negocio del fútbol de Primera se podrían transformar en muchos más. En el contrato figura una cláusula de indexación. Según ese ítem, que no toma en cuenta al INDEC para medir la inflación, la cifra debe subir si los cableoperadores que hacen llegar Canal 7 a los distintos puntos del interior del país suben el abono que cobran a sus clientes. Esa fórmula fue bautizada con el nombre de “valor básico de referencia” (VBR).
Al contrario de lo que se pensó en un principio, los canales de aire decidieron no sumarse a la transmisión simultánea de los partidos, ya que el Canal 7 los obliga a pasar la señal tal como sale de la emisora estatal. Les quita, así, la posibilidad de hacer imágenes propias, agregar relatos y comentarios. Tampoco les permite generar pauta publicitaria propia, lo cual provoca un decisivo achicamiento del negocio.
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