SIP y mentiras
Por Jorge Fontevecchia | 06.05.2011 | 22:44
Corte y gobierno. La misión de la SIP con la vicepresidenta del tribunal, Elena Highton de Nolasco, y el secretario de Comunicación, Juan Manuel Abal Medina.
Si no fuera por los daños que produce, hasta se podría decir que este gobierno es muy gracioso. Tras su visita a la Casa Rosada, la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) vino a Editorial Perfil para confirmar si era cierto que había cesado la discriminación con la publicidad oficial, como le acababa de informar el secretario de Comunicación, Juan Manuel Abal Medina.
Respondí que todo lo contrario. Como indica el gráfico que acompaña esta columna, a partir del fallo favorable de la Corte Suprema, en lugar de aumentar la publicidad oficial que colocaron desde que los obligara otro fallo también favorable a Editorial Perfil (en aquel caso de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal del año 2009), para así definitivamente dejar de discriminar, nos penaron pasando a cero. Con una excepción: el pequeño aviso en contra de la propia Editorial Perfil difundido en el mes de abril para burlarse tanto del periodismo como de la Justicia.
Una hora duró la conversación con los miembros de la misión: Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, quien está acompañado por Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información; María Elvira Domínguez, titular de la Comisión Chapultepec; Julio Muñoz, director ejecutivo de la SIP, y Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa.
Juntos recordamos la anterior misión a la Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner, en el año 2006, cuando el entonces presidente de la SIP y director del diario El Comercio de Lima, Alejandro Miró Quesada, recomendó enfáticamente a Editorial Perfil realizar este juicio al Estado.
Uno de los integrantes de la actual misión, que también había integrado aquella misión de la SIP de 2006, recordó que esa vez Clarín no los atendió. El comentario surgió cuando me consultaron sobre si tenía razón el Gobierno al decir que Clarín era también parte del problema porque, abusando de distintas formas de su posición dominante, tampoco contribuía a la pluralidad.
Respondí que, aunque desconfiara de sus intenciones, compartía el espíritu de la nueva Ley de Medios en búsqueda de mayor pluralidad. Y que estaba totalmente en desacuerdo con la fusión de Cablevisión y Multicanal con la que el propio Néstor Kirchner había beneficiado a Clarín.
Los integrantes de la misión de la SIP se manifestaron contrarios a cualquier proceso de significativa concentración de medios de comunicación que termine dificultando el acceso de otros medios a la audiencia. “La SIP está en contra de lo monopolios”, dijeron.
La SIP, como toda institución humana, tuvo y tiene errores y omisiones. Pero sectores afines al Gobierno pretenden estigmatizarla injustamente porque se trata de una organización empresaria, como si esto fuera minusvalorante.
Horacio Verbitsky escribió el año pasado que en plena dictadura militar “el informe de la SIP sobre la situación de la prensa en la Argentina en 1978, elaborado por los propietarios de dos diarios estadounidenses, Edward Seaton, del Mercury de Kansas, e Ignacio Lozano, de La Opinión de Los Angeles, quienes visitaron el país entre el 18 y el 25 de agosto de ese año (…). Escribieron que los directores y jefes de redacción de los principales diarios del país priorizaban la seguridad nacional sobre la libertad de expresión; justificaban la censura porque deseaban cooperar con la dictadura; se negaban a informar sobre la desaparición de personas, incluyendo periodistas, y se beneficiaban de tal comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel: ‘Otro aspecto de la situación que perturbó a la misión fue el otorgamiento por el gobierno de créditos a largo plazo a los diarios para una fábrica de papel. Aunque la misión puede comprender el deseo de los diarios de desarrollar su propia provisión de papel para no estar sujetos a los caprichos de la importación controlada por el Estado, como ocurrió durante el primer régimen de Perón, tenemos graves reservas sobre el proyecto que han emprendido tres grandes diarios de Buenos Aires. La Nación, La Razón y Clarín adquirieron acciones por un total de 8 millones de dólares en la nueva planta que ahora ha entrado en producción. El gobierno y el público también participan como accionistas. (…) El costo total del proyecto es de 180 millones de dólares y aunque los diarios que participan pusieron otros 25 millones en costos de puesta en marcha, la mayor parte del proyecto se financia con un generoso crédito del gobierno militar. Tal situación encierra muchos peligros. No es el menor de ellos que esto casi imponga no antagonizar con el gobierno durante el período de endeudamiento’”.
Quienes desde la afinidad con el Gobierno critican a la SIP o a Adepa lo hacen muchas veces con prejuicios y desconocimiento porque no alcanzan a diferenciar a empresas editoriales de grupos no sólo multimediáticos, sino también proveedores de acceso que más se parecen a una compañía telefónica que a una editorial.
El problema de empresas de medios que derivan o son adquiridas por grupos enormes y diversificados, que terminan desnaturalizando su misión como productores de contenidos para transformarse en herramientas de lobby o presión política, es mundial y lleva varios años.
Ya en la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos de la Naciones Unidas realizada en Viena en 1993, a lo que consta en la resolución de la Asamblea General de la Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1946 sobre que el derecho a la información es un “derecho humano fundamental y piedra de toque de todas las libertades”, el forum de las ONG recomendó agregar un párrafo que incluyera “el derecho de recibir, producir y tener acceso a informaciones imparciales y sin censura y libres de monopolios”.
En la Argentina no hay un monopolio de diarios, Clarín y La Nación compiten con decenas de diarios en todo el país. Sí hay un monopolio de fabricación de papel que no hoy, pero sí durante las tres décadas anteriores, contribuyó significativamente a aumentar la posición dominante de Clarín y La Nación. Y existe un monopolio de hecho ejercido por Cablevisión y Multicanal, que controlan el acceso a la televisión por cable. De lo primero fue culpable la dictadura; de lo segundo, Néstor Kirchner.
