BUSCA LA SANCIÓN DE TRES PROYECTOS CLAVE
Macri apuesta a una Legislatura exprés
Necesita una mayoría especial para obtener antes de fin de año autorización para vender valiosos predios fiscales de Villa Urquiza. También impulsa una reforma judicial y espera la aprobación del presupuesto 2010.
A escala porteña, el macrismo también apura sus proyectos de ley más polémicos, antes de que cambie y se le vuelva menos amistosa la composición de la Legislatura. Son cinco, al menos, las iniciativas que el PRO quiere convertir en ley a tres meses del recambio legislativo, en diciembre próximo: reformas en la justicia, nuevos negocios inmobiliarios y el presupuesto 2010. La premura del macrismo ya le valió una crítica por “doble estándar” de parte de la oposición. Es que el jefe de Gobierno juzgó como “legal pero no legítimo” al actual Congreso Nacional para tratar el proyecto de ley de radiodifusión; mientras, los legisladores PRO apuran las discusiones en las comisiones y los tiempos del debate porteño.
Sin quórum propio y a través de alianzas con sectores de la Coalición Cívica, el socialismo y el peronismo ex K, el gobierno de Mauricio Macri pretende que le autoricen proyectos que requieren mayorías especiales. Es decir, el aval de 40 legisladores sobre un total de 60. Después de diciembre, al macrismo le resultará casi imposible alcanzar tal consenso; se quebrará su actual sistema de alianzas a manos de las fuerzas de centroizquierda, principalmente el Proyecto Sur de Fernando “Pino” Solanas.
El próximo desafío PRO se escenificará el 24 de septiembre en la Legislatura porteña. Se tratará la creación de la corporación Puerta Norte, un nuevo organismo macrista descentralizado de la estructura estatal destinado a administrar los casi mil inmuebles que hay en la traza de lo que iba a ser la Autopista 3, en el barrio de Villa Urquiza. Podrá asociarse con privados o venderlos para construir edificios. Son terrenos, en general baldíos o intrusados, que había expropiado el intendente Osvaldo Cacciatore durante su gestión de facto. El gobierno porteño ya arrancó con los desalojos en honor a la máxima macrista de que “el espacio público no se negocia”.
Los inmuebles tienen un valor de mercado de 50 millones de pesos, como mínimo. El vicepresidente primero del Parlamento, Diego Santilli, tendrá que conseguir 40 votos para que le aprueben la corporación. Santilli es “más que optimista”. El peronista Juan Manuel Olmos, un opositor que suele acompañar las iniciativas PRO, objetó “la necesidad de crear una nueva corporación. Lo podría resolver con la actual estructura ministerial”.
Una semana después, el macrismo buscará que la Legislatura le apruebe la venta en subasta pública de tres terrenos de Catalinas Norte (cerca de Puerto Madero), de unos 15 mil metros cuadrados a un valor de, al menos, 300 millones de pesos. Al PRO no le resultará tan difícil refrendar la venta. En mayo pasado, consiguió una primera aprobación con 42 votos a favor y, se presume, mantendrá la tendencia. Ya acompañaron al macrismo los socialistas, los peronistas y los ex kirchneristas leales a Alberto Fernández, liderados por Diego Kravetz.
El macrismo no alcanzará fácilmente su paquete de controvertidas reformas judiciales. Los legisladores PRO ya admiten que “habrá que negociar mucho”. La postulación macrista de la fiscal Daniela Ugolini para ocupar un lugar en el Tribunal Superior de Justicia porteño no cayó bien dentro de la corporación judicial ni entre la oposición política. El CELS y demás ONG la impugnaron por su posición ante los derechos a la vivienda, salud y educación. Desde Proyecto Sur cuestionaron su “patrimonio considerable, que no se hace como abogada del Estado y mucho menos como fiscal de cámara”.
El oficialismo también se apuró en presentar un ambicioso proyecto para reformar la justicia porteña. La iniciativa amplía secretarías y juzgados con el objetivo, según asegura la oposición, entre ellos el peronista Olmos, de licuar el peso de los jueces “garantistas” como Roberto Gallardo o Vicente Cataldo. El plan de PRO es sumar 10 juzgados al fuero contencioso administrativo.
La oposición, además, espera con la guardia en alto una nueva avanzada macrista para aumentar los impuestos. En PRO juran que no lo harán. Para presentar el presupuesto del 2010, el macrismo tiene tiempo hasta el 30 de septiembre.