Una de las cosas en las que la Argentina es un ejemplo, y en la que le lleva mucha ventaja al resto de los países de Latinoamérica. Así como muchas veces nos gusta elogiar las medidas en países vecinos, también es justo criticar las que son una verguenza.
Lula no quiere juicios a represores
El gobierno brasileño se manifestó en contra de dar de baja la Ley de Amnistía. La Orden de Abogados de ese país se opone a la norma, votada por “sumisos”.
22:00 | 28.04.2010
Mirar al futuro. El gobierno de Lula Da Silva no quiere juicios contra acusados de violar derechos humanos durante la dictadura militar. La Ley de Amnistía está vigente desde 1979. (DyN)
El gobierno de Brasil se pronunció este miércoles en contra de la derogación de la Ley de Amnistía dictada por la dictadura militar en 1979, que impide la apertura de procesos contra torturadores. Lo hizo durante su alegato ante el Supremo Tribunal Federal, que juzga el tema y evalúa por primera vez la constitucionalidad de esa norma por un pedido de la Orden de Abogados de Brasil (OAB).
Los letrados reclaman que los crímenes como las torturas sean declarados imprescriptibles. En su exposición, el abogado general de la Unión, Luis Adams, sostuvo que esa norma, que permitió la apertura política del régimen y permitió el regreso de los exiliados y de los perseguidos políticos, fue un "acto de clemencia”.
“Reconocer la constitucionalidad de la Ley de Amnistía es distinto a compartir que se hayan cometido delitos. Amnistía es un acto político de clemencia. La Amnistía fue amplia, general e irrestricta”, agregó Adams.
El procurador general de la República, Roberto Gugel, argumentó la posición del Gobierno en contra de la presentación de la Orden de Abogados, al afirmar que la construcción de la amnistía “pasó por un largo debate nacional”. Y señaló que “la sociedad se articuló y marcó en la historia del país una lucha por la democracia pacífica y armónica”.
Por su parte, el representante de la Orden de los Abogados, Fabio Konder Comparado, dijo ante el tribunal que la decisión en contra de la ley de amnistía servirá para “recomponer el Estado brasileño en la posición de dignidad en el concierto de las naciones y recuperar la honorabilidad de las Fuerzas Armadas”. La postura fue apoyada por decenas de manifestantes que se reunieron en las puertas del Tribunal.
Ningún acusado por torturas, secuestros, desapariciones y muertes durante la dictadura militar (1964-1985) fue juzgado o sancionado, por imperio de la Ley de Amnistía, y según la Orden de Abogados, la norma fue votada “por un parlamento sumiso”.
En este contexto, Brasil es objeto de un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos por causa de las violaciones a los derechos humanos contra 60 personas muertas y desaparecidas durante el combate de los militares al movimiento de la Guerrilla de Araguaia, en el estado de Pará, en los años 70.