Internet como “servicio de interés público”: ¿la mayor legislación anti trust de este siglo?[b]
Comcast desistió de su intento por comprar Time Warner Cable, luego de que la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos decidiera acompañar en Abril pasado al Departamento de Justicia en una posición conjunta contra dicha mega fusión. Es una consecuencia indirecta del nuevo marco regulatorio para la prestación del servicio de internet en los EEUU, aprobado también por dicha agencia en febrero pasado.
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Hace un siglo atrás, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos fallaba a favor del Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) en su caso contra la Standard Oil, obligando a la mayor petrolera de ese entonces a desmembrarse en una serie de empresas: bajo los estándares de competencia justa establecidos en la ley Sherman de 1890, encontraron que la empresa hacia abuso de su posición dominante en el mercado doméstico. Hoy, 100 años después, volvió a darse un caso significativo que involucra a grandes corporaciones, aunque sobre el servicio más crítico de estos tiempos: la prestación del servicio de banda ancha. Ante la formalización en abril pasado de una audiencia pública por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para tratar la compra de Time Warner Cable (TWC) por parte de Comcast, esta última decidió retirar su oferta pública de 45.000.000.000 de dólares para hacerse con la segunda compañía de cable e internet del país.
Las características de este caso son muy distintas a las que involucraran a la Standard Oil hace cien años atrás, puesto que ahora no hubo partición de una corporación monopólica en varias empresas sino una puja entre el Estado federal y las grandes prestadoras de los servicios de cable e internet, en la que se impuso la posición del primero contra dicha mega fusión. Ni siquiera llegó a intervenir en esta instancia el poder judicial estadounidense: mediante un comunicado escueto Comcast informó que retiraba su oferta pública (1). Luego de jugar fuerte durante años a favor de esta fusión, la mayor proveedora de banda ancha en los Estados Unidos entendió que esta vez, en una audiencia pública llevada adelante por la FCC, cualquier partido terminaba en una derrota todavía mayor. Subyace como razón de fondo el nuevo marco regulatorio para la prestación del servicio de banda ancha aprobado por la FCC en febrero pasado, que declaró a Internet como un servicio de interés público, constituyendo probablemente la mayor legislación anti trust de esta era.
[b]Las grandes perdieron
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“Hoy, nos movemos hacia delante. Por supuesto, nos hubiera encantado llevar nuestros grandes productos a nuevas ciudades, pero hemos estructurado este acuerdo en caso de que, si el gobierno no hubiera estado de acuerdo, pudiéramos salirnos del mismo”. Con estas palabras Brian L. Roberts, director ejecutivo de Comcast, daba inicio a un escueto comunicado, publicado el 24 de abril pasado. En sintonía, Time Warner Cable también publicaba el mismo día su propio comunicado, dando por terminado el acuerdo para la fusión de estas corporaciones. Solo habían transcurrido 48 horas de la notificación, por parte de la FCC, de la realización de una audiencia pública para tratar esta fusión, cuando estas decidieron dar por terminada la aventura comercial y judicial iniciada hace años.
Comcast ha liderado en los últimos años el frente contra las regulaciones del Estado federal en materia de telecomunicaciones, en al menos dos grandes batallas con puntos de contacto. La primera es la anteriormente mencionada, a favor de una fusión entre la primera y la segunda empresa prestadoras de servicios de cable y banda ancha en los EEUU: de haber obtenido el visto bueno del DOJ, dicha fusión hubiera creado una corporación con 30 millones de abonados.
Sin embardo, la FCC formalizó el 22 de abril pasado la realización de una audiencia pública para tratar los puntos de dicho acuerdo. La agencia federal compartía las dudas del Departamento de Justicia respecto a cómo esa fusión comercial afectaría a las condiciones para la competencia y la innovación en el mercado de las telecomunicaciones. Entre estas, la FCC desechó el argumento de Comcast de que brinda sus servicios en zonas geográficas donde TWC no opera, dando a entender que dicha fusión no puede reducir la competencia en donde esta no existe: en una suerte de inversión en la lógica respecto a la situación real en el mercado estadounidense, la empresa admitía la existencia monopólica de una u otra empresa en distintas zonas del país.
En realidad, la preocupación de las autoridades estaba focalizada en como dicha fusión afectaba a las empresas productoras de contenidos para internet y cable. Para el caso de la banda ancha, estas empresas proveedoras de internet (ISP, por sus siglas en inglés) intentan desde hace años cobrar a empresas distribuidoras y productoras de contenido online (como Netflix) un canon o peaje por el uso de sus infraestructuras. Los reguladores no estaban seguros de poder combatir este tipo de prácticas monopólicas frente a una hipotética empresa de tamaña envergadura, que además forzaría a estas industrias a volcar esos costos extras sobre las boletas de los consumidores (teniendo que aumentar Netflix el costo final de su servicio, por ejemplo).
De hecho, ISP como Comcast y Verizon buscaron influir sobre la FCC para que consagrase este tipo de prácticas monopólicas dentro de un nuevo esquema regulatorio para la prestación del servicio de banda ancha. Pero esta segunda batalla se perdió incluso antes de que el Departamento de Justicia presentara en los tribunales estadounidenses su caso contra la fusión de Comcast y Time Warner Cable, o que la FCC formalizara la susodicha audiencia pública.
[b]La neutralidad en la red, ¿garantizada?
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Sucede que en febrero pasado, el directorio de la Comisión Federal de Comunicaciones votó a favor de la re categorización del servicio de banda ancha como uno de interés público. Con tres votos a favor y dos en contra, el directorio decidió aplicar el artículo 2 de la Ley de Comunicaciones a dicho servicio, por lo que las infraestructuras sobre las que se brindan estos servicios serán consideradas en delante de interés público, es decir, que las empresas que las operan deben brindar el servicio al público en general sin discriminar entre usuarios, independientemente de si la estructura es de su propiedad o no. Esta era una vieja demanda de organizaciones civiles (como la Electronic Frontier Foundation, o EFF) a favor de la neutralidad de la red: una serie de principios que sostienen un uso igualitario de la red.
A favor de la re categorización del servicio votaron los tres miembros demócratas del directorio; votaron en contra los dos miembros por el Partido Republicano. Entre los votos demócratas se cuenta el del director de la agencia, Tom Wheeler, quien recibió en los últimos meses presión directa de la Casa Blanca para que la legislación en la materia tomara dicho rumbo: el propio presidente Barack Obama tomó como primer iniciativa pública, una vez terminadas las elecciones de medio término (en las que se impuso el Partido Republicano en ambas cámaras), hacer lobby a favor de estas demandas de las organizaciones civiles (2). Wheeler era el encargado de preparar una propuesta para ser sometida a votación por el directorio.
En contra de la misma, uno de los miembros republicanos del directorio, Michael O’ Rielley, dijo que con la propuesta de Wheeler la FCC esta creando un ciclo vicioso en donde la regulación ahuyenta a la inversión en banda ancha. El director respondió que la propuesta aprobada tiene que ver con la protección de la transparencia en internet. Lo cierto es que la propuesta de Wheeler vino a dirimir las disputas entre las ISP y las empresas de internet (como Google o Netflix, por ejemplo) a favor de las segundas, cuyos modelos de negocio se montan sobre el modelo de servicio de banda ancha vigente y que goza de gran aceptación en la ciudadanía estadounidense. De hecho, empresas como Comcast y TWC figuran entre las de peor imagen en los EEUU por su trato a los consumidores pero también por los constantes obstáculos que ponen a las empresas del cable y de la internet para distribuir sus productos y servicios a través de sus infraestructuras.
El nuevo marco regulatorio aprobado posee unas 300 páginas (con apenas 8 fijando las reglas precisas) en las que, a consideración de la EFF, se fijan reglas claras para impedir que las ISP puedan bloquear o disminuir la velocidad de conexión del consumidor según contenido, aplicación o servicio al que accede, eliminando toda discriminación en el uso personal del servicio. Esto es particularmente relevante para aquellos usuarios que realizan actividades vinculadas a la política y que usan internet como herramienta de difusión: existía el temor de que las ISP pudieran denegar o dificultar determinados accesos según el contenido político de los mismos. Además, el nuevo marco regulatorio alcanza tanto al servicio de banda ancha residencial como al inalámbrico para celulares y dispositivos móviles, un dato no menos teniendo en cuenta el crecimiento exponencial del uso estos aparatos por encima de las PC.
No obstante, las ISP están dispuestas a desafiar en los tribunales la re clasificación de dicho servicio. “El foco de nuestra apelación legal estará sobre la decisión de la FCC de re clasificar al servicio de acceso a internet por banda ancha como de interés público luego de una década de innovación increíble e inversión bajo el formato previo de la FCC”, dijo Jon Banks, vocero de USTelecom. Esta empresa no es más que un grupo comercial integrado por varias empresas dedicadas a proveer banda ancha, como Verizon y AT&T. Es la primera en su tipo en haber presentado una demanda contra el nuevo marco regulatorio, aún si dentro de los primeros 60 días en que la regulación aún no entró en vigencia (lo que anula el valor legal de la demanda, según voceros de la FCC).
Es probable que se sumen otros grupos comerciales similares como la Asociación Nacional del Cable y las Telecomunicaciones, integrada por Comcast y Time Warner Cable. Esto forma parte de la nueva estrategia legal de las ISP: promover sus intereses de forma conjunta, a través de grupos comerciales, en lugar de presentar demandas judiciales individuales (3). También esperan un apoyo de sectores del Partido Republicano en el Congreso, según informa el sitio The Daily Dot en una nota de Aaron Sankin:
“Además de las demandas judiciales de la industria, las reglas en torno a la neutralidad de la red de la FCC enfrentan amenazas del Congreso, en donde legisladores republicanos están considerando leyes para revertir o debilitar las nuevas reglas o incluso revisar todo el proceso regulatorio de la FCC.
Los republicanos en la cámara baja introdujeron recientemente la Ley de Libertad en Internet, que no solo revertiría la orden re clasificación sino que también impediría a la FCC realizar movimientos similares en el futuro. Un análisis de The Daily Dot encontró que los 32 proponentes de dicha ley recibieron 2 millones de dólares en donaciones por parte de las industrias de las telecomunicaciones durante la última década” (4).
Queda entonces claro que la aplicación de este nuevo marco regulatorio traerá batallas en las cortes de los Estados Unidos, con marcadas posiciones tanto del poder ejecutivo como de sectores dentro del Partido Republicano. Más que un hecho, la neutralidad de la red forma parte de un ejercicio político constante, en el que la sociedad civil viene jugando un papel crucial. Aún si el peso político de la ciudadanía en este asunto se jugó principalmente a través de las redes sociales, son organizaciones como la Electronic Frontier Foundation las que siguen demostrando que la movilización política es el hecho clave de toda transformación social.
Notas:
1 – http://www.vox.com/2015/4/24/8489173/comcast-time-warner-fail
2 – Capitalismo e Internet
3 – How ISPs will try to get away with suing the FCC over net neutrality - The Daily Dot
4 – The FCC's net neutrality rules face their first lawsuits - The Daily Dot
Link: Internet como «servicio de interés público»: ¿la mayor legislación anti trust de este siglo?