Hermes Binner nació en Rafaela, la ciudad que recibió a sus abuelos al llegar de Europa, lugar que ellos eligieron para formar y educar a su familia.
Como tantos hijos e hijas de inmigrantes, pertenece a la primera generación a la cual las oportunidades de nuestro país y el esfuerzo familiar le permitieron lograr un título universitario.
En la Universidad Nacional de Rosario se convirtió en médico, pero también en político. Porque allí abrazó para siempre la vocación por lo público, y entonces, la medicina y la política se hicieron una sola cosa para él, un sólo camino de servicio.
Participó desde entonces en diferentes ámbitos para poder transformar la realidad. Fue Consejero Graduado en la Facultad de Medicina de Rosario, integró el Colegio de Médicos y la Asociación Médica de Rosario y, desde sus primeros pasos, el Partido Socialista.
Al mismo tiempo, siguió especializándose en su profesión, primero en las áreas de Anestesiología y Medicina del Trabajo; luego en Salud Pública. Esos estudios le permitieron lograr el acceso por concurso a cargos de Subdirector y Director de diversos Hospitales Públicos.
En 1989 le confiaron la máxima responsabilidad de una tarea apasionante: garantizar el derecho a la salud de todos los rosarinos. Durante su función como Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, logró generar un modelo completamente transformador, que actualmente se sigue profundizando, y que la propia Organización Panamericana de la Salud honró con su reconocimiento como ejemplo para toda América Latina.
A partir de 1993, fue electo Concejal de la ciudad de Rosario, validando desde ese momento, sus diferentes trabajos en el ámbito público por elección ciudadana. Fue Intendente de Rosario durante dos períodos consecutivos (1995 -1999 y 1999 – 2003) y Diputado Nacional entre 2005 y 2007, años en los cuales ejerció la presidencia del Bloque Socialista.
En su gestión al frente del municipio, Rosario se vinculó al país y al mundo. En términos institucionales, esa impronta quedó puesta de manifiesto en el rol que desempeñó en diversos ámbitos de cooperación: fue Miembro Fundador y Secretario Ejecutivo de Mercociudades, Presidente del CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano), y Presidente de la Federación Argentina de Municipios.
Fundó y aún continúa presidiendo el CEMUPRO (Centro de Estudios Municipales y Provinciales), desde donde se elaboraron muchas de las propuestas que formaron parte de la plataforma del Frente Progresista Cívico y Social, la coalición que -a más de 10 años de su fundación- le permitió convertirse, desde el 11 de diciembre de 2007, en Gobernador de la Provincia de Santa Fe.
Plan Economico
Sugería bajar las retenciones a las exportaciones agropecuarias y liberar gradualmente el dólar. Ante la repercusión de estas definiciones, su ministro de Economía, Angel Sciara, salió esta mañana a formular algunas aclaraciones con respecto a esos conceptos.
“Yo quiero poner eso en su justa dimensión. Ustedes leen el título del periódico; no leen las declaraciones del gobernador”, contestó el funcionario a la prensa tras la reunión de paritarias en Casa de Gobierno, aludiendo a los medios de comunicación -entre ellos El Litoral- que titularon de esa forma la noticia.
“El gobernador en ningún momento habló de liberar el tipo de cambio -planteó-. Lo que estamos queriendo decir nosotros es: primero, si tenemos un tipo de cambio administrado, es decir, el tipo de cambio nominal se va deslizando y eso se ve en las pizarras de cambio; hoy está a 4,09 y mañana podrá estar a 4,10. Pero este deslizamiento que en última instancia es una pequeña devaluación como deslizamiento, no significa que el tipo de cambio nominal recupere la subida de precio”.
Sciara dijo, entonces, con todas letras: “Nuestro planteo en este sentido no es liberar el tipo de cambio; liberar el tipo de cambio es todo lo contrario de lo que nosotros queremos hacer, porque mantener el tipo de cambio real alto, que es realmente la manera de mantener la competitividad hasta que encontremos mecanismos de industrialización pensados y estratégicos, significa tratar de mantener una baja tasa de inflación que impida que se siga deteriorando el tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal y la tasa de inflación son los dos elementos que definen el tipo de cambio real. La liberación, por el contrario, apreciaría el tipo de cambio es decir que entraríamos en un modelo a la brasileña, que es todo lo contrario de lo que nosotros tenemos y queremos seguir haciendo”, manifestó.
Retenciones
Con respecto a los derechos de exportación agropecuarios, Sciara recordó que desde que surgieron, “escribimos que si el monto recaudado por este concepto se incorporaba al presupuesto y con él se financiaba el gasto público, las retenciones venían para quedarse”.
De nuevo clarificando las afirmaciones de Binner, Sciara sentenció: “Lo que estamos queriendo decir es que el problema de las retenciones es un problema que hay que resolverlo dentro de un sistema tributario diferente. Nosotros planteamos un sistema tributario justo, progresivo, donde pague más el que más tiene. Y evidentemente que las retenciones no deben desaparecer. Hay que acomodarlas dentro de un régimen tributario que responda a ciertos lineamientos de justicia social que queremos establecer”.
También ayer, el gobernador dijo que pensaba atacar la inflación con un proceso de desinflación a mediano plazo, en el término de dos o tres años. Sciara coincidió en que la suba de precios es “el gran cuco y gran enemigo a enfrentar sí o sí”. Consultado respecto de cómo piensan encararlo, dijo que procederán de manera tal que “se minimicen o desaparezcan los efectos sociales que todo proceso de desinflación trae, generando políticas que no enfríen la economía. Por eso no hablamos de políticas de ajuste, sino de resolver las inercias, generar expectativas positivas, tratar de recuperar el gasto público no disminuyéndolo, sino evitando que siga creciendo a los niveles que está creciendo. Los últimos años -apuntó- creció un diez por ciento del producto, lo cual es de una magnitud sumamente importante”.
A modo de ejemplo, mencionó que “60 mil millones de pesos se gastan en subsidios, que van a parar a las clases medias y altas, particularmente de Capital Federal. Creemos que esto debe ser resuelto y orientar esos recursos hacia las clases que más lo necesitan, para lo cual necesitamos un gasto público social universal pero eficiente, sin clientelismo”.
Qué medidas
Sciara insistió en que la desinflación “es el gran desafío”. Respecto de qué medidas específicas instrumentarían para llevar adelante ese objetivo, aclaró que no se trata de un problema unicausal.
“Para nosotros, la inflación no pasa por el problema monetario que legitima, consolida y viene después que la inflación. La inflación en nuestro país tiene un conjunto de elementos, por un lado inercial y por el otro, de puja distributiva. Nosotros creemos que tenemos que acordar con los sectores para tratar de hacer converger la tasa de inflación a un dígito en lo posible, y esto no se puede hacer en menos de dos o tres años. Quizá uno podría hablar de pacto social, pero bueno, habrá que ver cuáles son los espacios que se pueden ir creando en este sentido”, expresó.
De todos modos, aclaró que no es la idea tener inflación cero, dado que eso no existe en ningún país. “Lo que sí tenemos que plantear es una inflación de un dígito, lo más baja posible, que siga alentando el crecimiento económico”, concluyó.
El Indec
Angel Sciara opinó que el Indec constituye en la actualidad “un problema” dado que es uno de los instrumentos que debiera generar expectativas positivas, y no lo hace. “En el país hay un problema institucional y el Indec es uno de ellos, como otros que hay que resolver positivamente. Tenemos que tener un Indec que genere información confiable, que sea creíble por todos los sectores sociales que ven en ella una señal para sus actividades y proyección. En el caso del Indec tenemos que trabajar para genere un índice de precios creíble para toda la sociedad y particularmente para todos los formadores de precios”, concluyó.
Fuente el litoral
Ciencia y Tecnología
[SPOILER]
Ciencia y Tecnología
La transformación de Argentina en un país competitivo a nivel internacional depende de la
ejecución de una política de Estado que potencie la formación de recursos humanos y la inversión
en el área de ciencia y tecnología. Hoy existe una brecha tecnológica y de generación de
conocimiento entre los países centrales y los del Mercosur que necesita ser superada. La
dependencia en materia de tecnología extranjera ha sido crítica en áreas como salud, agricultura y
medio ambiente. Estas áreas son de gran interés para Argentina y América Latina toda, dado el
impacto social, ya que afectan a millones de individuos (como las enfermedades infecciosas, por
ejemplo), y su desarrollo es entendido como prioridad dentro de la plataforma de ciencia y
tecnología de nuestro proyecto de país.
En este contexto, resulta crítico construir un sistema científico-tecnológico que integre
inversión, competencias e infraestructura, promoviendo así un aumento de masa crítica capacitada
en el sector de ciencia y tecnología que permita el abordaje de problemas de mayor envergadura y
con interfase con las industrias.
La ciencia y la tecnología permean todos los aspectos de nuestras vidas, desde las
decisiones más privadas sobre reproducción o tratamientos médicos, hasta las decisiones más
públicas con respecto a riesgos, desarrollo, seguridad y calidad y sustentabilidad del medio
ambiente. Virtualmente, cada dilema que la gente y los gobiernos enfrentan en las sociedades
contemporáneas demanda un compromiso con la ciencia y la tecnología.
Propuesta
• Establecer un marco institucional apropiado que estimule al Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología a proveer soluciones a los problemas sociales prioritarios del país y a articular con las
empresas la generación de innovaciones que favorezcan su competitividad.
• Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación mejorando la
infraestructura y el equipamiento de los organismos integrantes. Promover la permanencia de los
investigadores en el país y facilitar el retorno de aquellos interesados en desarrollar sus actividades
científicas en Argentina.
• Impulsar la formación de redes de investigadores argentinos y extranjeros a fin de crear
los entornos favorables para la colaboración y el intercambio de conocimientos. Esto es clave para
fortalecer las capacidades científico-tecnológicas de nuestro país, generando procesos de
cooperación que contribuyan al crecimiento económico y social.
• Identificar las demandas vinculadas a problemas sociales y productivos concretos en cada
punto del país y generar los incentivos adecuados para que se aporten las soluciones a partir de la
generación y transferencia de conocimiento.[/SPOILER]
Trabajo docente y Cultura
[SPOILER]
Entendemos al empleo como un eje integrador de las políticas públicas vinculadas al
desarrollo social y económico del país. El conjunto de la ciudadanía, así como las instituciones
públicas y privadas, deben adherir, promover y hacer cumplir los derechos y deberes que
garanticen empleos productivos y decentes y de esta manera atender las condiciones que generan
y/o reproducen situaciones de pobreza y desigualdad social. La lucha contra el trabajo no
registrado y la efectiva aplicación de la garantía de iguales derechos ante iguales obligaciones,
constituyen objetivos fundamentales.
El camino hacia la consolidación del trabajo decente, debidamente articulado con otras
políticas sociales, es un compromiso colectivo donde el diálogo social constituye el medio para
definir las políticas laborales dirigidas a mejorar el nivel de vida de las familias trabajadoras y el
clima de relaciones laborales. Este compromiso debe ser asumido por el Estado Nacional —a través
de las innovaciones y el cumplimiento de la legislación laboral y el accionar del Ministerio de
Trabajo—, por las organizaciones sindicales —porque sus acciones atañen al bienestar de los
trabajadores y el crecimiento de las empresas— y por las empresas y sus organizaciones —por ser
parte fundamental en esta cadena productiva—.
Propuestas
• Legislación y fiscalización de las condiciones de trabajo:
- Trabajo decente: luchar contra el trabajo no registrado; garantizar igualdad de derechos ante
iguales obligaciones; no a la discriminación por género, edad, discapacidad o pertenencia a
pueblos originarios en el empleo.
• Inspección del Trabajo: fortalecimiento de la inspección del trabajo.
• Salud y Seguridad en el trabajo: - Creación del Sistema Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.
- Creación del Instituto para el mejoramiento de las condiciones para la seguridad y el medio
ambiente en el trabajo.
• Democracia y Libertad sindical: adecuación de nuestra legislación a los convenios y
compromisos internacionales; reconocimiento de personería gremial a la CTA.
• Articular y consensuar en todos los niveles y Ministerios del Estado. Se impulsará el
funcionamiento del Consejo Federal como el ámbito de coordinación y consenso entre Nación y
Provincias: se torna necesario también para el abordaje de varias de las problemáticas de las
políticas de empleo, la planificación conjunta de Consejos Federales de Salud, Trabajo, Educación y
otros, en pos de lograr una mayor articulación de políticas y acciones, evitando situaciones de
duplicación de esfuerzos materiales y la superposición y/o vacíos en los ámbitos de incumbencia
operativos.
• Políticas dirigidas a trabajadores ocupados, subocupados y desocupados. Se focalizaran
acciones que mejoren las condiciones de los colectivos con dificultades de inserción en el mercado
de trabajo, a saber: jóvenes —con especial énfasis en el grupo de jóvenes que no estudian ni
trabajan—, trabajadores desocupados de larga data, mujeres jefas de hogar, adultos mayores y
miembros de grupos vulnerables.
• Fortalecimiento de la inspección del trabajo: la Nación dará el apoyo necesario a aquellas
provincias que lo necesitasen para contar con un cuerpo de inspectores suficientes en número y
calificación. Fijación de objetivos en materia de inspección, en el seno del Consejo Federal del
Trabajo (CFT) habiéndose definido las pautas de evaluación.
• Políticas activas de empleo: desocupados de larga data, trabajadores formales, expandir
las Oficinas de Empleo.
Cultura
La dimensión cultural es un aporte imprescindible en la vida de los seres humanos. El
concepto de calidad de vida no se sostiene si éste no incluye la estimulación de las
representaciones simbólicas que hacen a nuestra identidad y al cuidado de nuestro imaginario que
hace a nuestro patrimonio histórico y cultural. En consecuencia, las políticas culturales deben
alcanzar la vida de todos los ciudadanos/as y llegar a todos los ámbitos donde cotidianamente
ocurre la vida de los argentinos y argentinas.
Las políticas culturales deben ayudar a reflexionar, a pensar, a que el ciudadano se exprese
y encuentre respuestas a los disímiles interrogantes que la complejidad de la sociedad
contemporánea presenta. El sentido de una sociedad está constituido en metas comunes, sus
sueños, los anhelos de las generaciones pasadas y su voluntad de llevarlos adelante y todo esto
pervive y se expresa con mayor claridad en las manifestaciones culturales. Una sociedad basada
sólo en el consumo y en el éxito económico está vacía e irremediablemente condenada a su
disgregación.
• Derechos culturales
Todo ser humano tiene el derecho de poder crear dentro de su mundo interior, dentro de
su universo privado, las capacidades y las sensibilidades para comprender las manifestaciones
culturales y artísticas de sus congéneres y, al mismo tiempo, poder expresarse libremente
utilizando las herramientas que la humanidad ha creado. Una esperanza que, basada en las
pasiones, emociones, anhelos y fundamentalmente en los actos de amor al prójimo, perpetuados
en poemas, canciones, novelas, cuentos, ensayos, obras plásticas, obras fílmicas, nos permita
seguir creyendo en el género humano.
En esta inteligencia, el desarrollo de la dimsención cultural en cada individuo, aparece
como un valor indispensable en la creación de una sociedad más justa y solidaria, imponiendo el
derecho cultural la categoría de derecho humano básico e impostergable.
• Industrias culturales
Otro concepto muy importante es el de diversidad cultural. Estamos cada uno construidos
culturalmente a partir de lo que hemos sido, de lo que han sido nuestros ascendientes y lo que
elegimos ser. Hay diversas formas de construirse culturalmente; existen personas que trabajan en
la sociedad que representa a los inmigrantes de su familia y tienen toda una conexión con ese
pasado y con esa colonización que llegó a un lugar y a la cual hoy le agrega el sello contemporáneo,
es decir, la impronta de su tiempo y espacio. A su vez, existe una cantidad de elecciones que hoy
nos permiten la vida cultural y los distintos recursos tecnológicos, desde ese centro cultural que se
instala en nuestra casa y abre todas las noches sus puertas para transmitirnos determinados
valores —el televisor— hasta Internet, que también nos permite elegir formar parte de lo que se
llaman las tribus urbanas, chicos y no tan chicos que escuchan determinadas músicas, que leen
determinadas literaturas y que a partir de esa música, de esas lecturas, asumen determinados
valores de vida, determinadas filosofías.
La diversidad cultural está relacionada con el pluralismo cultural, con reconocer que esa
construcción que existe en cada uno de nosotros existe también en el otro.
Entonces, la diversidad es un concepto esencial e insoslayable a la hora de proyectar
políticas públicas culturales. Bajo este análisis se puede visualizar que existen determinadas formas
y estilos culturales que en la actualidad tienen mayor difusión en los medios de comunicación
porque poseen aceptación masiva y a su vez producen grandes ganancias comerciales. En este
panorama el Estado y la sociedad civil deben estar dispuestos a brindarle y otorgarle valor también
a aquellas expresiones culturales que no son hoy rentables para el mercado.
Pensando en la diversidad, la tarea estratégica es tratar de preservar todos aquellos
patrones culturales que hoy no están en el candelero y no circulan en los medios masivos de
comunicación, porque es una obligación que tenemos hacia las generaciones futuras preservar
todas las formas culturales para transmitirlas. Este rescate patrimonial, este rescate de las culturas
que hoy no están siendo puestas en valor, es indispensable a la hora de pensar sociedades plurales
basadas en su historia y en su producción.
Defender nuestra libertad en la elaboración de nuestras expresiones culturales es en
definitiva, poder proyectarnos como seres humanos en un futuro mejor. En consecuencia, el
Estado debe tener imprescindiblemente políticas activas en el tema de industrias culturales.
La producción de bienes culturales conforma nuestra simbolización del mundo, nuestro
imaginario, lo que pensamos de nuestra sociedad, lo que pensamos de nuestra provincia, de
nuestra ciudad, lo que pensamos de nuestro pueblo, de nuestro futuro. Los sueños de una
comunidad están siempre marcados por la producción cultural y artística que realiza.
• Conformación de un espacio cultural argentino
Pensando en la producción y en la circulación de bienes culturales, la conformación de un
espacio donde se conozcan las producciones culturales de todas las regiones de nuestra provincia,
se pongan en valor y se produzcan nuevas manifestaciones, como consecuencia de la interrelación
de las distintas regiones, aparece como una necesidad imperiosa.
Un espacio que exhiba las formaciones culturales locales atravesadas por estructuras y
flujos globales, que muestre la multiculturalidad contenida en Argentina, con los enfoques e
intereses algunas veces encontrados, algunas veces complementarios.
Este espacio cultural argentino es pensado como un ámbito territorial, comunicacional y
virtual, compuesto por espacios y circuitos donde se reconocen raíces étnicas e históricas,
comunidades interculturales, de género, etc., donde los recursos patrimoniales que nos
cohesionan son las tradiciones orales, las culturas populares, las memorias históricas y también los
sistemas educativos, las industrias culturales y los modos de comunicación.
En síntesis, un espacio que considere y estimule las interacciones territoriales, económicas,
sociales, culturales y mediáticas, que interconecte hacia el interior de cada provincia la producción
provincial, permitiéndonos apreciar la infinita riqueza cultural que la diversidad le brinda a
Argentina.[/SPOILER]
Urbanismo y Vivienda
[SPOILER]
La planificación urbana y rural, el ordenamiento territorial y las políticas de hábitat son
algunas de las herramientas a disposición de los gobiernos para combatir la pobreza.
Es necesario profundizar un proyecto social de uso más equitativo de la dimensión pública
de los procesos de ordenación y planificación física del suelo, destacando la función social de la
ciudad y de la propiedad, que propicie la participación de todos los actores que intervienen en la
ciudad. Un proyecto que reafirme el derecho de las personas a la tierra, a la vivienda y a la ciudad.
Propuestas
• Planificación territorial, avanzando en promoción de áreas de producción de suelo para la
construcción de vivienda social: promoción de instrumentos normativos locales de oferta de lotes
con servicios, planes normativos maestros que favorezcan estos emprendimientos. Avanzar en
herramientas de obtención de renta a través del análisis de las plusvalías que generan los cambios
urbanísticos.
• Las intervenciones de hábitat que trabajan sobre áreas urbanas ocupadas informalmente
y habitadas con un alto grado de vulnerabilidad. Aquí la intervención es de regularización de
dominio, recuperación de trama urbana y espacios, equipamiento público y provisión de
infraestructura básica.
• Programas de producción de hábitat (viviendas y urbanización):
- Atención a la producción de vivienda para atender al déficit con gestión mixta, dando
participación a los gobiernos locales, asociaciones intermedias (sindicatos) y organizaciones no
gubernamentales con experiencia probada y promoviendo la capacitación de otros nuevos actores. - Recuperación de viviendas en centros urbanos.
- Programa combinados de lotes con infraestructura en posible combinación con Núcleos
Húmedos.
• Concertación social con actores sociales, económicos y técnicos del sector (universidades,
organizaciones sociales especializadas, sindicatos de trabajadores, etc.) para buscar soluciones al
problema de déficit habitacional.
La construcción desde el Estado para dar vivienda llave en mano es una herramienta poco
válida, ya que lo posiciona ante una gran demanda insatisfecha y promueve una demanda inactiva.
Toda operatoria debe tener participación de algún tipo del sector que se beneficie con la misma
desde las empresas hasta los adjudicatarios con el compromiso de las universidades nacionales
públicas, donde todos se benefician y participan en la construcción del programa con
responsabilidades, control de resultados y sostenibilidad.
Las políticas de vivienda y urbanismo son operaciones de gran complejidad que involucran
necesariamente en forma simultánea la intervención en distintos campos. La integración urbana,
física, social, cultural, productiva, sin olvidar el componente ambiental.[/SPOILER]
Salud [SPOILER]Propuestas
• Subsector público: base de un sistema integrado de salud.
Desde la autoridad sanitaria nacional se impulsará la constitución de un sistema integrado
por los recursos públicos de todas las jurisdicciones, con base en la estrategia de atención primaria,
con redes que integren el conjunto de servicios existentes por niveles y regiones. Asimismo, se
debería avanzar en:
- Jerarquización y refuerzo del primer nivel como primer contacto y seguimiento de la población.
- Favorecimiento de la localización del primer nivel de atención en municipios, con competencias y
recursos adecuados para su funcionamiento eficaz. Adscripción de población a los equipos locales
de salud. - Regionalización provincial e interprovincial. Centros de referencia de alta complejidad
interjurisdiccionales financiados por la Nación y con coordinación activa en el Consejo Federal de
Salud, recuperando la responsabilidad de la Nación en el sistema prestador. - Recuperación y actualización edilicia, de equipamiento y funcional de los efectores públicos.
- Integración de las obras sociales provinciales y coordinación con PAMI y PROFE para un programa
prestacional común e incorporación de los efectores públicos a las redes prestacionales de los
beneficiarios. - Plan de inversión plurianual de recuperación edilicia y de equipamiento del subsector público.
- Desarrollo del Proyecto de Funciones Esenciales para la Salud Pública coordinadamente en todo
el territorio nacional.
• Conducción estatal: garantizar equidad, cobertura y calidad.
El desarrollo de políticas de salud que garanticen la accesibilidad, equidad y calidad de
atención a toda la población se instrumenta mediante el establecimiento de una autoridad única
del sistema nacional de salud con representación de los distintos niveles jurisdiccionales (nacional,
provincial, municipal) con competencias comunes y específicas. Reorganización en tal sentido del
Consejo Federal de Salud. Entre las decisiones centrales se cuentan: - Determinación del programa prestacional mínimo a ser garantizado por toda institución
prestadora y de cobertura de todos los subsectores. - Instancia de tecnología apropiada que evalúe las nuevas prestaciones antes de su incorporación a
la rutina prestacional. Uso tutelado en las dudas. - Garantía de cápita mínima a los beneficiarios de todas las obras sociales de dependencia
nacional, a través de un fondo de redistribución. - Desarrollo de convenios de reciprocidad de atención y cobertura con los países del Mercosur.
- Marco regulatorio de las entidades de medicina prepaga que evite las arbitrariedades con sus
adherentes. - Sistema nacional de información sanitaria, con intervención del COFESA, a fin de permitir la
planificación estratégica del sector, así como de garantizar el derecho ciudadano a la información. - Promoción de la investigación en salud, dirigida a dar respuesta a las necesidades de la población.
- Política de formación y distribución del recurso humano en salud para dar respuesta a la
población de todo el territorio. - Reforzamiento de las competencias e instrumentos del Estado nacional para desempeñar un rol
activo en la regulación, producción e importación de medicamentos, así como también en el
control de su calidad y efectividad. - Aprobación y actualización del formulario terapéutico nacional, y utilización obligatoria de la
prescripción por nombre genérico en todos los subsectores. - Fomento de la producción pública de medicamentos.
• Participación ciudadana
La presencia activa de la población es determinante para el cuidado individual y colectivo
de la salud, la priorización de las necesidades y la definición de las políticas sanitarias y el control
social del sistema de atención; lo que debe promoverse mediante: - Promoción de las instancias de participación directa de las personas en el sistema de salud:
atención del ciudadano, consejos locales, defensor de salud. - Asambleas ciudadanas de salud y presupuesto participativo en todos los niveles comunales,
municipales y provinciales. - Congreso Nacional de Salud periódico con participación social.
- Desarrollo de la descentralización administrativa como instrumento de participación.
• Prioridad de la promoción y la prevención: las políticas públicas de promoción y
prevención son clave para lograr el mejoramiento de la salud colectiva, y resultados sobre los
grandes problemas de salud contemporáneos. Dentro de esta orientación se pueden impulsar los
siguientes programas: Alimentación saludable y actividad física; Municipios, ciudades y
comunidades saludables; Prevención de riesgos cardiovasculares y cerebrovasculares; Salud
mental; Combate al tabaquismo; Prevención de adicciones; Prevención de enfermedades
oncológicas; Programas de prevención de accidentes y violencia; Programa de prevención de VIH y
enfermedades de transmisión sexual; Prevención y control de enfermedades emergentes y
reemergentes; Plan de cobertura y atención integral de la madre y el niño, promoción del
crecimiento y desarrollo positivo del niño; Incorporación de indicadores positivos de salud para el
seguimiento de estos objetivos; Prevención del parto prematuro y bajo peso al nacer; Programa
nacional de salud sexual y reproductiva; prevención de la violencia de género; Salud integral de
adolescencia y juventud; Plan ampliado de inmunizaciones; Plan de salud ambiental; Salud de los
trabajadores; condiciones y medio ambiente de trabajo; Programa de capacitación permanente del
equipo de salud.
• Implementación integral de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles y en
todas las provincias.
• Efectivo acceso a los servicios de salud reproductiva universales y gratuitos. Consejerías y
provisión de todos los métodos anticonceptivos.
• Políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres y asistir a las víctimas de
violencia familiar, violación y trata de personas.
• Orientación en opciones en el marco de la reducción de riesgos y daños.
• Políticas especiales para la reducción de las muertes maternas evitables.
- Educar en una Nación con diálogo, participación y transparencia
En el origen del sistema educativo argentino existe un fuerte mandato de formación
ciudadana hacia la escuela pública. La universalización de la educación formal contribuyó a la
homogeneización social y a la construcción simbólica que nos define como Nación. Ese sistema de
enseñanza que se consagra con la Ley 1.420, trae consigo la idea de República, de lo público y del
“bien común” como valores fundantes de la Argentina moderna. La escuela y sus maestros fueron
agentes importantes para la concreción de ese proyecto de Nación.
A 127 años de su promulgación, la Ley 1.420 y las ideas que le dieron vida, adquieren
renovada importancia. Las sucesivas rupturas institucionales, los intentos de instaurar un
pensamiento único y la apropiación del aparato estatal por parte de quienes conculcaron derechos
para beneficio de unos pocos, desdibujaron la idea de Estado, de democracia y ciudadanía y con
ello, el sustento simbólico de la escuela en relación con un proyecto colectivo.
La debilidad de la democracia nos deja como saldo instituciones frágiles que no dan cuenta
correctamente de su función; gobiernos que no siempre representan a los intereses populares,
ciudadanos que no reconocen con claridad sus deberes y un hábito creciente de uso de
mecanismos de presión (fuerza corporativa) en desmedro de las herramientas que el Estado de
Derecho tiene plenamente vigentes. En ese marco, no sólo la convivencia social, sino también la
pedagogía se transforman en un desafío complejo.
Aparece entonces la necesidad de retomar algunos de estos conceptos como pilares en la
recuperación institucional (política, social y educativa) y también vertebradores de los saberes
académicos.
El llamado “optimismo pedagógico” vive aún en el imaginario colectivo desde la idea de
que la educación todo lo puede y deposita en la escuela la tarea de resolver muchos de los males
que nos aquejan como sociedad. Pero toda institución es el reflejo de la sociedad que la contiene y
la educación es el producto del proyecto de Nación que esa sociedad define. Sin perder de vista la
importancia de los liderazgos y la fuerza de la innovación, es importante considerar que la
sustentabilidad de un proyecto educativo va mucho más allá de voluntarismos y ancla fuertemente
en la cultura y la decisión de todo un pueblo. Los problemas que refleja la educación argentina son,
en su mayoría, el resultado de una Nación que ha priorizado por mucho tiempo un rumbo
diferente al de la transparencia, el diálogo y la igualdad de oportunidades. Una educación diferente
sólo se concibe en el marco de una política de Estado global, con eje en la recuperación del sentido
de lo colectivo.
En ese orden, y a diferencia de los valores predominantes en el Siglo XIX y gran parte del XX,
donde el uso de la fuerza y los caudillismos territoriales constituían un modo generalizado de
legitimación del poder; las sociedades más desarrolladas construyen hoy sustentabilidad desde el
consenso y la participación. Para ello es indispensable contar con habilidades para pensar y hacer
“con” y no “contra” otros. La convivencia es el gran desafío de la época. La institucionalidad que se
busca requiere de ambientes de trabajo que contemplen la palabra y la participación, con fuerte
identificación del “bien común” a preservar y con un alto sentido de responsabilidad de todos y
cada uno sobre la pertenencia a un proyecto.
En este marco, la educación formal no puede ser abordada sólo desde la transmisión de
información. El ambiente en el que el proceso educativo tiene lugar y la trama de relaciones
materiales y simbólicas que implica resulta insoslayable. Es por ello que tanto la organización y el
ambiente escolar como la calidad institucional de la sociedad que enmarca al sistema educativo se
destacan como ámbito productor de múltiples y complejos aprendizajes (currículum oculto) que
sustentan —o no— los contenidos académicos*.
La propia vida de la institución**, sus valores, su dinámica, la eficacia de sus procesos y su
modo de ejercer la autoridad, constituyen un sistema desde el cual entender y significar la
información. Algunos interrogantes pueden orientar la reflexión sobre este punto; por ejemplo:
¿qué relación existe entre la organización del tiempo y del espacio, con la organización del
pensamiento? ¿Qué relación tiene el valor y la oportunidad que se le da a la palabra en una
institución o en una sociedad, cuando se intenta desarrollar habilidades para la participación?
¿Cuál es la importancia de comprender y respetar las normas y los acuerdos, de reconocer el valor
- En este punto se destaca la participación de la sociedad y la familia con sus sistemas de valores y sus poderosos
mecanismos de educación informal con efectos sustantivos sobre los resultados educativos.
** La referencia a la institución en este caso puede ser usada para analizar lo que ocurre tanto en el interior de la escuela
como micro sociedad, como en la sociedad en su conjunto.
de la autoridad y la organización, a la hora de entender/aprender categorías de análisis, sistemas,
secuencias, o hechos históricos relevantes? ¿Cuál es el impacto de habitar un espacio público
permanentemente desatendido, ignorado, agredido, cuando se trabajan contenidos como
“Democracia”, ”Instituciones” “Estado” o “Derechos y Deberes Cívicos”? ¿Cuál es el valor de la
“acción” para la educación? ¿Cuál es la relación entre respeto por lo público —en todos sus
niveles— y calidad educativa?
La educación formal tiene la responsabilidad de brindar a las personas conciencia,
autonomía y modos de comprender la realidad con la capacidad científica técnica suficiente y la
responsabilidad ética necesaria para aprender permanentemente y desenvolverse como ciudadano
protagonista de su tiempo.
La escuela debe hacer posible que el estudiante decodifique la realidad y la comprenda en
todas sus dimensiones (filosófica, física, social); debe brindarle las herramientas para construir un
criterio propio en el marco de su cultura y garantizar el acceso a un conocimiento más profundo y
abstracto de los fenómenos y la complejidad de la vida, orientando con ello sus acciones en un
sentido ético y humano para la preservación del planeta, de la especie, de la sociedad y de sí
mismo.
El Ministerio de Educación desarrollará su proyecto pedagógico desde una reformulación de
los conceptos de aprendizaje y conocimiento. Promoviendo las cualidades de “aprender a
aprender” y “aprender a vivir con otros”, se avanzará hacia una mirada compleja donde la
experiencia social, las percepciones subjetivas y el conocimiento que porta nuestra cultura, se
integren e interactúen en una construcción de sentidos que dé cabida y futuro a todas las
identidades.
Esto constituye un posicionamiento pedagógico que entiende a la educación como un
potente movimiento hacia otros modos de hacer y por ende, de conocer la realidad para
transformarla.
Un movimiento hacia una ética y una estética de la enseñanza, que entiende que el
aprendizaje se produce en y desde la acción y todas las representaciones y reflexiones que ésta
genera, y donde todos y todas son protagonistas en la tarea de enseñar y aprender.
El mismo demanda una reforma profunda del pensamiento y de las formas; y un cambio de
la propia organización educativa tendiente a vincular a los diferentes estamentos jurisdiccionales y
burocráticos y los distintos niveles y modalidades de la enseñanza. Se trata de superar la lógica de
la fragmentación que obtura toda construcción de sentido y pertenencia y de provocar espacios
comunes de hacer, pensar y aprender juntos, colocando a la educación como valor y derecho
inalienable.
Esta tarea se abordará con la participación de los actores directos e indirectos del sistema, a
través del respeto por las autonomías provinciales y la producción de acuerdos federales
necesarios en el marco de la construcción de un proyecto nacional.
Para ello se torna necesaria una reformulación de las relaciones con las organizaciones de
trabajadores y con la sociedad en su conjunto y un replanteo no sólo de los programas, de las
metodologías y de la organización escolar, sino un rediseño de la burocracia y los soportes
jurídicos, contables, técnicos, tecnológicos y comunicacionales, desde una nueva perspectiva.
Esta reforma se desarrollará en varios movimientos simultáneos que introduzcan la mirada
compleja y una acción que enlace distintos niveles, modalidades y necesidades del sistema
educativo y su entorno, colocando a la participación docente desde una formación continua y en
servicio como base del cambio pedagógico.
Luego de asumir que la problemática social atraviesa la escuela se hace presente a través
de todos sus protagonistas y se refleja en la vida institucional conformando un ambiente donde
predomina hoy el malestar, se trabajará para recuperar al Sistema Educativo con todas sus
posibilidades de construcción de sentido abriendo, conectando y potenciando capacidades,
voluntades e inteligencias detrás del valor que nuestra sociedad aún le reconoce a la educación.
Para ello se implementarán líneas de acción que apunten a:
• Dignificar la tarea docente y promover el bienestar, a través del reconocimiento de su rol
de educadores y ofreciendo condiciones de formación y ambiente de trabajo (económicas,
sociales, físicas y culturales) coherentes con lo que la sociedad espera de él. Formularemos una
nueva Ley Nacional para el financiamiento del Sistema Educativo que sustente las
transformaciones necesarias.
• Resignificar la tarea docente, colocando al aprendizaje y al estudiante en el centro de la
escena desde la formación permanente y en servicio, orientada a recuperar el pensamiento
autónomo y crítico. Modificar los planes de estudio y la organización institucional que permita un
tiempo de encuentro y la tarea de equipo de los docentes entre sí, con los alumnos y con la
comunidad.
• Mejorar los espacios físicos, lo cual requiere sostener y ampliar la inversión
presupuestaria para la construcción, ampliación y refacción de los edificios educativos y un trabajo
en paralelo sobre la participación de la comunidad en el cuidado y mejora de los mismos. También,
requiere de una intervención sobre el clima institucional (reducción del malestar y promoción de la
convivencia), de modo que los vínculos humanos se reflejen en otro modo de habitar los espacios.
• Promover acciones que generen ambientes socialmente sustentables, de cuidado y
autocuidado, trocando la cultura del conflicto y la violencia por la convivencia como valor y
práctica institucional en busca de soportes para la educación en valores y los saberes académicos.
• Resignificar los vínculos en relación con la vida, los derechos y la calidad de vida como
indicadores de aprendizaje social y de formación humana y política (construcción de una
perspectiva de género, respeto por la diversidad en todas sus formas, valoración de lo público y
conductas sustentables con el ambiente; actitudes saludables y responsables en relación con la
alimentación, el consumo, la sexualidad).
• Promover el hacer y el “aprender a hacer” como sustento de todo aprendizaje desde el
inicio de la vida escolar hasta los niveles superiores (terciario y universitario) con acento en el
dominio de las diferentes tecnologías, en un marco de solidaridad social y compromiso ambiental.
• Reforzar el vínculo entre educación y trabajo, por medio de la consolidación de la
educación técnica en el nivel medio y superior desde programas con formación práctica vinculados
a la realidad productiva de cada región del país, así como la formación laboral de jóvenes y adultos
para la inclusión social y la empleabilidad a través de la promoción del emprendedorismo.
• Promover el desarrollo del pensamiento científico y la investigación como actitud y
contenido transversal en todos los niveles y modalidades de la educación y como herramientas
democratizadoras para el bienestar colectivo y el mejoramiento de las condiciones de vida.
• Fortalecer el aprendizaje de las ciencias básicas en la escolaridad inicial, primaria y
secundaria.
• Fortalecer la acción universitaria en torno a la investigación y reformular el andamiaje
jurídico en relación con la producción de intangibles, incrementando el financiamiento público en
infraestructura edilicia y equipamiento así como el incentivo económico a la tarea del docente
investigador, preservando legalmente la producción intelectual e ampliando la divulgación
científica para una masiva apropiación social.
• Fomentar la integración del conocimiento y la socialización de experiencias para la
producción e innovación tecnológica aplicada a la resolución de problemas comunes en salud,
ambiente, energías renovables, producción de bienes y servicios, etc.
• Contribuir al desarrollo de las economías regionales fortaleciendo la relación entre la
universidad y la producción desde un modelo de I+D que incentive la articulación virtuosa entre
todas las instituciones del Estado dedicadas a la investigación y la producción científico-tecnológica
(INTA, INTI, CONICET) y el sector productivo.
• Jerarquizar al docente universitario acompañando su desarrollo formativo, su producción
científico técnica y su recalificación remunerativa.[/SPOILER]
Fuentes
Taringa, publicacion del frente amplio progresista
El litoral