Perú: las movilizaciones contra las mineras desatan una crisis política
Humala decreta el estado de sitio en defensa de las mineras
Aduciendo razones de “agenda interna”, el peruano Ollanta Humala fue uno de los pocos presidentes que no acudió a la reunión de la Celac. Lejos de las expectativas, el triunfo de Humala no pudo contener las enormes movilizaciones populares que sacuden Perú, con más de 200 conflictos sociales abiertos -124 de los cuales tienen que ver con problemas socioambientales y otros con industrias extractivas.
El emblema de estas luchas es la de los campesinos de Cajamarca, principal productora de oro en el país, quienes paralizaron un enorme proyecto minero de oro y cobre (una inversión de por lo menos 4.800 millones de dólares) de la minera Yanacocha, al que el gobierno se había jugado a fondo, pese a las objeciones del ministerio de Medio Ambiente.
La extraordinaria lucha del pueblo de Cajamarca contra el emprendimiento minero Conga puso de manifiesto el carácter reaccionario del gobierno de Humala, quien, ante la incapacidad de negociar la continuidad de la actividad minera, decretó el estado de emergencia en la zona por 60 días, autorizando a las fuerzas armadas a intervenir junto a la Policía Nacional en la labor de control del orden interno y suspendiendo las garantías constitucionales sobre libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.
Miles de cajamarquinos se congregaron en la plaza de armas al conocerse la declaración del estado de sitio, enfrentándose al inmenso despliegue de fuerzas de seguridad que mantienen completamente sitiada la región desde el anuncio presidencial.
El rechazo popular a la minería no sólo tiene por sustento la defensa de las principales fuentes de agua afectadas por el emprendimiento minero (la minería a cielo abierto comporta un consumo descomunal de agua, que dejaría desiertos los terrenos de cultivo agrícola en extensas zonas, lo que depara un futuro de miseria para las masas), sino además la actual pauperización social que generó la extracción minera en la región. Mientras el 39,8% del producto bruto interno de Cajamarca se sustenta en la minería, ésta sólo emplea al 0,5% de la población (Ministerio de Economía y Finanzas). El 75% de la infraestructura vial de la región se halla en mal estado y el 95% de los establecimientos de salud no cuenta con una infraestructura adecuada para atender a los pacientes. Hay un médico por cada 10 mil habitantes.
El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, recomendó a la población no caer en la provocación y llamó a embanderar las viviendas y protestar con cualquier objeto desde las puertas de sus domicilios. El presidente del Frente de Defensa Ambiental, Wilfredo Saavedra, señaló que los dirigentes han acordado suspender las movilizaciones en los próximos 60 días, para realizar una gran marcha a favor del agua, una vez pasado ese tiempo.
Llamativamente, fue el propio presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, quien señaló que los dirigentes se habían comprometido a deponer las protestas, pero que la ofensiva gubernamental devino ante la negativa de los mismos a firmar el acta de acuerdos sin consultar primero a las bases. La presencia de la maquinaria en la zona del proyecto Conga con el aval del gobierno, señal de la voluntad de éste de continuar con el emprendimiento, no tenía chances de ser avalado por la población, la cual exige desde hace semanas, a pesar de la suspensión del proyecto, su cancelación definitiva. “Lo que el pueblo espera es que, vía una resolución ministerial o un decreto supremo, el gobierno nacional declare inviable el proyecto Conga”, señaló el presidente regional, Gregorio Santos. El estado de sitio busca quebrar la movilización popular para reinstalar el proyecto minero.
Ollanta Humala abandonó su demagogia de frenar los proyectos mineros contaminantes y arregló con los pulpos la aplicación de un impuesto marginal que debería financiar planes sociales. En Argentina, CFK plantea una asociación estatal con las mineras para reforzar su posición legal y crear un fideicomiso con parte de sus ganancias para financiar obras públicas; o sea, con deuda.
La cuestión minera ya había desatado una crisis de gobierno, porque Humala decidió expulsar del partido oficial a su ala izquierda, que se opone a la línea oficial. En el desenlace de la crisis política han intervenido con fuerza los lobbys de Brasil, Australia y Canadá, donde residen las casas matrices de las compañías y de las contratistas de obras públicas que tienen a cargo la infraestructura de los emprendimientos. La reunión latinoamericana en Caracas, donde se formó la Celac, no tocó el punto de ninguna manera, por la simple razón de que los gobiernos latinoamericanos son baluartes de los monopolios mineros y de los contratistas de obras.