Comenzó en San Juan primer juicio por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal de San Juan inició el primer juicio en la provincia por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, contra los apropiadores de Jorge Guillermo Martínez Aranda, hijo de desaparecidos, a quien el juez Ariel Lijo le devolvió su identidad en 2008.

El proceso es contra el suboficial de Inteligencia del Ejército Luis Tejada y su esposa Raquel Quinteros y es encabezado por los jueces Hugo Echegaray, Raúl Fourcade de San Luis y Héctor Cortés de Mendoza, con la secretaría del doctor Alejandro Doffo.

Al comienzo del debate, el defensor oficial Adrián Kurban fue desligado de la defensa de los imputados que quedaron representados por el abogado Humberto Conti.

También el Tribunal decidió permitir que las hijas del denunciante en la causa, Emilio Goya, que son menores de edad, puedan presenciar el juicio. Posteriormente el Tribunal inició la lectura de los autos de elevación a juicio de la causa a cargo del secretario Alejandro Doffo.

Otra de las primeras medidas que tomó el Tribunal fue disponer la detención domiciliaria de los imputados. La determinación se tomó “para asegurar la continuidad del juicio y en aplicación del artículo 366 del Código Procesal Penal de la Nación”, según dispusieron los jueces.

La detención se cumplirá en su domicilio de la calle Valenzuela Varas 5859 del Barrio Camus, en el departamento sanjuanino de Rivadavia, bajo la custodia de la Policía Federal y la seccional 13 de la policía de San Juan.

Los dos imputados se negaron a declarar “para hacerlo más adelante”, según explicaron al Tribunal al ser llamados a ejercer su derecho. En el momento de ser interrogado por el presidente del Tribunal sobre sus condiciones personales, Tejada utilizó un laringófono para hablar, debido a un problema de salud que le restringe el habla.

El proceso se realizará en San Juan porque los documentos apócrifos con que se le había dado una nueva identidad al niño secuestrado, habrían sido confeccionados en esa provincia.

En el juicio los fiscales son Mateo Bermejo y Dante Vega de Mendoza y junto a ellos sostendrá la acusación Alan Iud, el abogado de la organización Abuelas de Plaza de Mayo.

Según se informó oficialmente, el juicio tendrá 15 testigos, ya que aproximadamente otros 15 fueron desechados por las partes, con las particularidades de que la mayoría de ellos son de Buenos Aires y la provincia de Chaco, algunos de San Juan, un residente en Chile y una señora de edad avanzada, que declarará por teleconferencia.

Los padres de Jorge Guillermo Martínez Aranda, que aún están desaparecidos, son la ingeniera mexicana María Lourdes Martínez Aranda, militante del PC de su país y Francisco Luis Goya, ex Tacuara, dirigente de la JP y de la Organización Montoneros, nacido en Resistencia, Chaco, que tuvieron a su hijo en España el 28 de agosto de 1979.

La pareja, regresó al país a principios de 1980, cuando se inició la denominada “Contraofensiva”, pero fueron secuestrados y separados de su hijo y posiblemente asesinados en un centro clandestino de detención que podría ser la ESMA en la Capital Federal o Las Cuevas en Mendoza.

La confirmación de la apropiación fue realizada en 2008 por el juez federal Ariel Lijo en Buenos Aires, quien ordenó restituir la identidad de Jorge Guillermo Martínez Aranda, como estaba inscripto en la embajada de Mexico en España, donde nació y que en la Argentina había sido inscripto por sus apropiadores como Carlos Tejada.

Fuente Ambito

El Tribunal Oral Federal de San Juan inició el primer juicio en la provincia por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, contra los apropiadores de Jorge Guillermo Martínez Aranda, hijo de desaparecidos, a quien el juez Ariel Lijo le devolvió su identidad en 2008.

El proceso es contra el suboficial de Inteligencia del Ejército Luis Tejada y su esposa Raquel Quinteros y es encabezado por los jueces Hugo Echegaray, Raúl Fourcade de San Luis y Héctor Cortés de Mendoza, con la secretaría del doctor Alejandro Doffo.

Al comienzo del debate, el defensor oficial Adrián Kurban fue desligado de la defensa de los imputados que quedaron representados por el abogado Humberto Conti.

También el Tribunal decidió permitir que las hijas del denunciante en la causa, Emilio Goya, que son menores de edad, puedan presenciar el juicio. Posteriormente el Tribunal inició la lectura de los autos de elevación a juicio de la causa a cargo del secretario Alejandro Doffo.

Otra de las primeras medidas que tomó el Tribunal fue disponer la detención domiciliaria de los imputados. La determinación se tomó “para asegurar la continuidad del juicio y en aplicación del artículo 366 del Código Procesal Penal de la Nación”, según dispusieron los jueces.

La detención se cumplirá en su domicilio de la calle Valenzuela Varas 5859 del Barrio Camus, en el departamento sanjuanino de Rivadavia, bajo la custodia de la Policía Federal y la seccional 13 de la policía de San Juan.

Los dos imputados se negaron a declarar “para hacerlo más adelante”, según explicaron al Tribunal al ser llamados a ejercer su derecho. En el momento de ser interrogado por el presidente del Tribunal sobre sus condiciones personales, Tejada utilizó un laringófono para hablar, debido a un problema de salud que le restringe el habla.

El proceso se realizará en San Juan porque los documentos apócrifos con que se le había dado una nueva identidad al niño secuestrado, habrían sido confeccionados en esa provincia.

En el juicio los fiscales son Mateo Bermejo y Dante Vega de Mendoza y junto a ellos sostendrá la acusación Alan Iud, el abogado de la organización Abuelas de Plaza de Mayo.

Según se informó oficialmente, el juicio tendrá 15 testigos, ya que aproximadamente otros 15 fueron desechados por las partes, con las particularidades de que la mayoría de ellos son de Buenos Aires y la provincia de Chaco, algunos de San Juan, un residente en Chile y una señora de edad avanzada, que declarará por teleconferencia.

Los padres de Jorge Guillermo Martínez Aranda, que aún están desaparecidos, son la ingeniera mexicana María Lourdes Martínez Aranda, militante del PC de su país y Francisco Luis Goya, ex Tacuara, dirigente de la JP y de la Organización Montoneros, nacido en Resistencia, Chaco, que tuvieron a su hijo en España el 28 de agosto de 1979.

La pareja, regresó al país a principios de 1980, cuando se inició la denominada “Contraofensiva”, pero fueron secuestrados y separados de su hijo y posiblemente asesinados en un centro clandestino de detención que podría ser la ESMA en la Capital Federal o Las Cuevas en Mendoza.

La confirmación de la apropiación fue realizada en 2008 por el juez federal Ariel Lijo en Buenos Aires, quien ordenó restituir la identidad de Jorge Guillermo Martínez Aranda, como estaba inscripto en la embajada de Mexico en España, donde nació y que en la Argentina había sido inscripto por sus apropiadores como Carlos Tejada.

Fuente Ambito

Eze, estas siendo poco leido :slight_smile: Pero para que no te quedes zapatero, te mando un saludo cordial.

Es que se le fue el 10 a Eze…

Te mande un mp…

Vaya a lo importante y mire el videito que le regale…

Me lo podra subir al RINCON?

arpovecho este thread exitoso para poner una noticia relacionada…

Demandan en Holanda al padre de Máxima por delitos de lesa humanidad
La presentación fue hecha por la hija de Samuel Slutzky

Familiares del médico Samuel Slutzky, desaparecido durante la pasada dictadura militar, demandaron ayer en Holanda a Jorge Zorreguieta.

“Queremos demandarlo por el papel que jugó en la desaparición de miles de desaparecidos durante la dictadura”, dijo Goran Sluiter, uno de los dos abogados querellantes que representan a la familia del médico desaparecido en la Argentina durante la última dictadura militar, Samuel Slutzky, al presentar ayer una demanda judicial en los tribunales holandeses para que se investigue en ese país el papel jugado por Jorge Zorreguieta, padre de la princesa Máxima.

Durante los años del régimen de facto, Zorreguieta, ex director de la Sociedad Rural Argentina, se desempeñó inicialmente entre los años 1976 y 1979 como subsecretario de Agricultura de la Nación y con posterioridad pasó a ocupar el cargo de secretario de Agricultura y Ganadería, mientras que en simultáneo se desempeñaba como presidente de la Junta Nacional de Granos.

El mandato del padre de la princesa de Holanda se extendió a todo lo largo del período que encabezó el ex dictador Jorge Rafael Videla. Fue precisamente durante ese período que la represión ilegal alcanzó su punto más álgido.

Ernst Koelman, portavoz del Ministerio Fiscal holandés, confirmó la medida al señalar que “una demanda fue presentada contra Jorge Zorreguieta y estamos examinándola”, al tiempo que subrayó que el trámite “durará varias semanas”.

La querella encabezada por los abogados Lisbeth Zegveld y Goran Sluiter, que representan a la familia Slutzky -residente en Holanda-, acusaron al ex funcionario de facto “por el papel que desempeñó en la desaparición de miles de personas” y porque “a pesar de estar al tanto de todos esos crímenes” continuó “aportando una contribución política al régimen” y porque “tampoco abrió ninguna investigación en su ministerio”.

Por esos mismos hechos, en 2001 la Justicia de ese país rehusó imputar a Zorreguieta por considerarse incompetente para juzgarlo. Sin embargo, una modificación introducida a la ley relativa a las desapariciones en el año 2010 posibilitó la presentación realizada ayer.

Sluiter señaló que “para los crímenes graves como los señalados aquí, el lugar donde fueron cometidos o la nacionalidad del autor no tienen importancia”, y agregó que “si el autor se encuentra en el territorio de un país, ese país” puede juzgarlo.

El abogado sostuvo que “según nuestras informaciones (Jorge Zorreguieta) se encuentra regularmente en Holanda” y agregó que en la Argentina desaparecieron miles de personas “mediante acciones llevadas a cabo por el régimen del cual fue miembro activo”.

Samuel Slutzky fue secuestrado el 21 de junio de 1977 por integrantes de fuerzas conjuntas y fue visto con vida entre julio y agosto de ese año por varios sobrevivientes en el centro clandestino de detenciones conocido como La Cacha, que consideraron como probable que el médico haya muerto como consecuencia de las torturas padecidas, ya que desde entonces permanece como desaparecido.

En comunicación con BAE, desde el país europeo, Alejandra Slutzky, hija de Samuel Slutzky, señaló que “el año pasado Holanda reconoció la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad que no prescribe” y ratificó la ley internacional sobre la materia y agregó que a Zorreguieta “lo acusamos de haber sido miembro en posición de mando en una organización criminal”, por lo que “lo acusamos por su responsabilidad y complicidad política por esos crímenes”.

Slutzky agregó que el ex funcionario de facto “pasa mucho tiempo aquí, es parte de la sociedad holandesa”, puede moverse con libertad y es tratado “como un miembro de la familia real, es decir, casi como un príncipe”.

Consultada sobre cuáles son las expectativas que tienen tras la presentación, dijo que se siente “como David contra Goliat, una hija y una nieta, civiles y sin una gran organización política detrás” enfrentándose “con la Casa Real”, y agregó que es muy probable que “el gobierno no deje que llegue a juicio, pero nosotros esperamos que se investigue, que lo interroguen y que se haga justicia también aquí”, remató.

Por lo visto van a tener arresto domiciliario en la espera del juicio.