Dudas por las consecuencias del arreglo El informe del Procurador del Tesoro que se despega del acuerdo con los fondos buitre El estudio Clealy, que representa a la Argentina en el litigio con los holdouts, sostiene que los acreedores que ingresaron a los canjes de deuda no podrán hacer futuros reclamos, pero el procurador Carlos Balbin no respalda esa postura.
El acuerdo que propone el Gobierno con los fondos buitre genera muchas dudas en varios sectores del arco político y el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York complicó aún más el escenario. En ese contexto, el procurador del Tesoro, Carlos Balbin, se despegó de la opinión del estudio que representa a la Argentina.
Según el bufete Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton hay pocas probabilidades de que los bonistas que ingresaron al canje tengan éxito si demandan a la Argentina.
El diputado nacional por el Bloque Justicialista, Diego Bossio, pidió durante el plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda un pedido de acceso a la información con distintos cuestionamientos, uno de ellos estaba destinado a saber si la Procuración del Tesoro respalda la postura del estudio Cleary.
[b]Es por eso que Carlos Balbín envió un escrito dirigido al Secretario de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, donde sostiene que no respalda los argumentos sostenidos por los letrados que representan al país en el litigio de los fondos buitre, debido a que él no tiene competencia para pronunciar al respecto.
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[b]Además, informa que estos representantes legales fueron contratados a través del decreto 749/2002 firmado por Eduardo Duhalde, pero los abogados de esa firma no forman parte del cuerpo de abogados del estado que Balbín dirige ni responden a sus órdenes.[/b]
Por otra parte, Balbín expondrá frente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde se espera que allí desarrolle podría desarrollar los motivos que envió la firma Cleary con respecto a la situación argentina. Según publicó el diario La Nación, los letrados le enviaron un escrito al Gobierno donde explican que los bonistas que ingresaron a los canjes 2005 y 2010 no tendrán ningún fundamento legal para pedir la misma compensación que propone ahora Mauricio Macri, debido a que la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) prescribió el 31 de diciembre del 2014, por lo que ya no podrán reclamar iguales condiciones.
Sin embargo, desde la Procuración del Tesoro no dan garantías de que eso no ocurra. A continuación, leé el documento completo:
Pichetto condicionó el acuerdo con los buitres a un dictamen del procurador
LPO“Está obligado a hacerlo”, dijo el jefe del bloque FpV a Balbín. Dilema por el fallo de la Corte de New York.
El jefe de los senadores peronistas, Miguel Angel Pichetto, intimó al procurador del Tesoro Carlos Balbín a presentar un dictamen sobre el acuerdo que el Gobierno propuso para pagarle a los holdouts, que ayer fue aprobado en Diputados y esta tarde comenzó a ser tratado en Comisión por el Senado.
Por pedido dePichetto, cuyo apoyo es clave para que Macri pueda sancionar la ley, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay concurrió hoy al plenario de comisiones acompañado por Balbín, quien tras una dubitativa presentación volvió a negar que deba presentar un dictamen sobre la negociación con los buitres, como ya había adelantado a LPO.
“¿Los senadores queremos ver el dictamen?”, inquirió Pichetto, pero Balbín se desentendió. “Yo envié un informe a Diputados por pedido del diputado Diego Bossio. Puedo enviárselo a usted”, le propuso.
A Pichetto no le gustó la respuesta. “Usted está obligado a presentar un dictamen sobre los riesgos de la oferta. Está obligado por la propia naturaleza de la Procuración del Tesoro”, exigió.
Balbín no respondió y curiosamente no fue defendido ni por Prat Gay, ni mucho menos por el Secretario de Finanzas Luis Caputo y el abogado Eugenio Bruno, miembros del Comité negociador. Claramente, a ninguno le hizo gracia que no quiera poner su firma.
En su presentación ante los senadores, el procurador del Tesoro pronunció un tibio discurso para defender el acuerdo con los buitres, basado en los riesgos de nuevos litigios si no se sanciona la ley aprobada ayer en Diputados que deroga las leyes “cerrojo” y “pago soberano".
La primera impide reabrir el canje y fue utilizada por muchos bonistas para iniciar juicios contra el país. La otra la pensó Axel Kicillof cuando no acordó con los buitres y quiso demostrar voluntad de pago, pero nadie vino a cobrar al país.
En su defensa del acuerdo, Balbín recordó que vencida la cláusula RUFO, que impedía negociar con bonistas en mejores condiciones que las obtenidas por los que canjearon su deuda en 2005 y 2010, el riesgo de juicios en contra por estos acreedores se había diluido.
Un argumento pobre, porque el temor de muchos senadores es que de todos modos encuentren un resquicio legal. Y alertó sobre los posibles juicios de bonistas en otros países como Alemania y Japón, “siempre bajo legislación extranjera”, sino se aprueba el actual acuerdo con los buitres.
Pero por alguna razón que no se conoce, el procurador no está dispuesto a plasmar esa postura en dictamen. “Usted tiene competencia en la defensa en juicio del Estado argentino”, le recordó más tarde Liliana Negre de Alonso. Balbín no respondió.
Temor a nuevos embargos
Pichetto también se cruzó feo con Prat Gay y Bruno por los riesgos de fallos adversos de los bonistas que no acepten oferta, tras la suspensión de los embargos dispuesta el viernes por la Cámara de Apelaciones de New York. El jefe de bloque fue el primero en advertir el sábado ese riesgo cuando leyó la medida judicial, pero no se puso de acuerdo con los funcionarios sobre los alcances.
“Acá hay un riesgo que es la acción del 93% de los acreedores que ingresaron al canje y no cobran hace un año y nueve meses. La Cámara debe asegurar que no haya nuevas cautelares”, exigió.
Prat Gay intentó rebajarlo. “No le hagamos decir a la Cámara cosas que no dijo. Lo que hizo fue preguntar si Griesa está en condiciones de hacer esto. No resolvió la cuestión de fondo”, respondió.
Y minimizó la exigencia de pagar sólo cuando haya sentencia firme del levantamiento de embargos, impuesta en el proyecto de ley por Diego Bossio. “Ya lo decía el artículo 5”, apuntó, en una visión que es compartida por analistas de Wall Street consultados por LPO.
“Yo no subestimo su inteligencia; no subestime la mía”, se defendió el rionegrino. “La Cámara asume jurisdicción y fija un cronograma. Dice: vamos a escuchar a los acreedores. No levante las cautelares”.
Bruno intentó corregirlo con la hipótesis que ayer el Gobierno quiso imponer en Diputados: que las apelaciones seguirán hasta tanto el acuerdo no sea efectivo, o sea, hasta que los gobernadores no aporten sus senadores para sancionar la ley que ayer aprobó diputados.
“El cronograma ya estaba fijado. Los embargos tenían un efecto suspensivo temporario. Está claro que no vamos a pagar hasta que no tengamos sentencia de Cámara favorable para levantar embargos”, insistió el ministro.
A mí me dijeron que eran el Barca…