[LEFT]Boletín No. 27: Serie sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la ley 975[/LEFT]
[LEFT]“Todas las Convivir eran nuestras”1[/LEFT]
[LEFT]Según el jefe paramilitar Éver Veloza García, alias “HH”, las “Convivir” actuaron desde su
creación y hasta hoy al amparo de las fuerzas militares. Así lo señaló este paramilitar entre el 26 y
el 28 de marzo de 2008 en desarrollo de las diligencias de versión libre o confesión, dentro del
procedimiento especial previsto para la reducción de penas a paramilitares por la ley 975 de 2005.
Alias “HH” reveló que la “Convivir” Papagayo, con asiento en la región de Urabá, siempre tuvo su
sede detrás de la Brigada XVII del Ejército Nacional, y que para llegar a sus instalaciones era
necesario pasar por controles del Ejército. Él mismo afirmó que para poder entrar a la Brigada sólo
se tenía que identificar como “el mono Veloza”, como se le conocía en Urabá, y de inmediato le
abrían paso2.
Así mismo, los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Éver Veloza aseguraron que el actual
alcalde del municipio de Carepa (Antioquia), Arnulfo Peñuela, era miembro de la “Convivir”
Papagayo y que tenía fuertes nexos con los grupos paramilitares3. Estos nexos se materializaron,
según alias “HH”, en la ayuda que prestó Peñuela para la conformación de varias “Convivir” en
Urabá y en la canalización de los dineros que aportaban las empresas bananeras de la región al
paramilitarismo a través de la “Convivir” Papagayo, dirigida por Peñuela4.
El pasado 30 de marzo, Arnulfo Peñuela y otros representantes de la “Convivir” Papagayo fueron
detenidos por orden de la Fiscalía especializada 29 de Medellín por sus nexos con el
paramilitarismo, sindicados por el delito de concierto para delinquir agravado5. Las declaraciones
de Éver Veloza y las investigaciones que está adelantando la Fiscalía por el caso de la “Convivir”
Papagayo muestran la real dimensión de lo que han sido las “Convivir” en todo el país. Esta
“Convivir” contó con la ayuda de varios sectores para su conformación y consolidación: el apoyo
decidido de la Brigada XVII del Ejército Nacional, la dirección de Arnulfo Peñuela, quien hoy
ejerce como político de la región y está siendo investigado por sus nexos con grupos paramilitares,
y la financiación de las empresas del banano con los aportes que estas hicieron al paramilitarismo.[/LEFT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3][LEFT]La “Convivir” Papagayo sólo es un ejemplo de lo que en realidad eran estas asociaciones de
“vigilancia y seguridad privada”: verdaderos grupos paramilitares al amparo del Estado, u
organizaciones que actuaban en conjunto y coordinadamente con los grupos paramilitares. Esta
situación ya había sido denunciada durante años por organizaciones de derechos humanos, por
algunas entidades del Estado y por organismos internacionales de protección de los derechos
humanos que vieron en estos grupos la legalización del paramilitarismo6. Así lo han confirmado
también otros paramilitares, como Salvatore Mancuso, quien, en desarrollo de las audiencias de
versión libre, afirmó que ellos –los paramilitares- promovieron la conformación de, por lo menos,
diez de las “Convivir” que operan en el norte del país7.
Lo preocupante de la confesión de estos paramilitares, más allá de las confesiones en sí mismas, es
el hecho de que, hasta este momento, ni el Estado ni el Gobierno actual han reconocido ni asumido
su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que cometieron estos grupos desde el
momento de su conformación y hasta el día de hoy. Por el contrario, el Gobierno nacional continúa
respaldando iniciativas similares a las de las denominadas “Convivir”, negando con ello la violencia
que causaron estas asociaciones, así como la responsabilidad que le cabe al Estado por su
conformación y sus acciones, reproduciendo de esta manera las condiciones para la repetición de las
atrocidades.
En efecto, las Convivir fueron promovidas con entusiasmo por el Gobernador de Antioquia, y hoy
Presidente de la República, que autorizó la constitución de un número considerable de ellas. Cabe
advertir que el Gobernador de Antioquia no estaba facultado para conceder tales autorizaciones,
pues ello era de competencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, del
Ministerio de Defensa8. En cualquier caso, varias de las Convivir autorizadas por el entonces
Gobernador fueron dirigidas o integradas por reconocidos jefes paramilitares cuando estos ya
pertenecían a la estructura paramilitar. Esta realidad se evidenció en el Congreso de la República el
17 de abril de 2007, cuando se realizó un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en el que se
puso de presente que Álvaro Uribe Vélez, siendo Gobernador de Antioquia, autorizó la
conformación de, por lo menos, las siguientes “Convivir” 9:
- La “Convivir Horizonte” y la “Convivir Guaymaral”, ambas dirigidas por el jefe paramilitar
Salvatore Mancuso.
- La “Convivir Avive”, a la cual pertenecía Jesús Ignacio Roldán, alias “Monoleche”.
- La “Convivir Costa Azul”, de la cual era miembro el paramilitar Arnoldo Vergara
TresPalacios, alias “el Mochacabezas”.
- La “Convivir Nuevo Amanecer”, integrada por Rodrigo Pelufo, alias “Cadena”.
- La “Convivir Los arrayanes”, del paramilitar Juan Francisco Prada.
- La “Convivir Bellaván”, del paramilitar Rodrigo Pérez, alias, “Julián Bolívar”.[/LEFT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3][LEFT]- Una “Convivir” dirigida por el jefe paramilitar José María Barrera Ortiz, alias “Chepe
Barrera”.
- La “Convivir Papagayo”, dirigida por Arnulfo Peñuela.
Álvaro Uribe Vélez, siendo Gobernador de Antioquia, en 1996, fue uno de los defensores acérrimos
de las “Convivir”, y justificó la dotación de armas de largo alcance para estos grupos, así como su
participación en tareas militares, así:[/LEFT]
[LEFT]“Nosotros le pedimos a las Convivir de Porce que colaboraran mientras llegaban las tropas,
pero ellos nos respondieron que no tenían los recursos porque mientras la guerrilla tenía
toda clase de armas, ellos sólo contaban con revólveres y changones”10.[/LEFT]
[LEFT]Hoy día se continúan promoviendo, por parte del Gobierno nacional, políticas tendientes a armar a
la población civil y a involucrarla en el conflicto armado mediante su utilización en tareas de
inteligencia y en operativos militares. En la actualidad, con la política de “seguridad democrática”
del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, nuevamente se están poniendo en marcha
mecanismos para involucrar a la población civil en tareas militares mediante la implementación de
programas como la “red de informantes”, “los soldados campesinos”, o la integración de los
“desmovilizados” en organizaciones de seguridad privada.
Estas tres iniciativas se han diseñado bajo los lineamientos de la política de seguridad democrática.
En dicha política se plantea que “la ciudadanía será parte fundamental en el tema de la
recolección de información” (para la inteligencia militar). Uno de los programas centrales de esta
política es la “red de informantes y cooperantes”, en la cual se pretende que la totalidad de los 44
millones de habitantes de Colombia cumplan funciones de inteligencia militar. Así mismo, el
Gobierno planeó incorporar 100.000 jóvenes en un programa militar especial llamado “soldados
campesinos”. Entre agosto de 2002 y marzo de 2003, se propuso reclutar por lo menos 15.000
campesinos en municipios pequeños. Muchos jóvenes en Colombia ya han sido reclutados y
entrenados como soldados campesinos. Por último, el Gobierno nacional ha dispuesto, dentro de la
política de “reinserción”, la incorporación de los “desmovilizados” en actividades militares, su
vinculación en actividades de “protección y vigilancia de la ciudadanía” como los programas de
policía de carreteras, guardias cívicos o guardabosques, y su integración en los cuerpos de
vigilancia de las empresas de seguridad11.
En agosto de 2002, cuando un periodista le puso de presente al Presidente de la República los
riesgos que acarreaba convertir a la población civil en informante de la Fuerza Pública, este
consideró que: "Aquí lo que hay es un riesgo para 40 millones de ciudadanos. Si todos trabajamos,
nos quitamos ese riesgo de encima"12. La orientación de esta política quedó todavía más clara en un
pronunciamiento del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en desarrollo de una
ceremonia de desmovilización del Bloque Centauros de las AUC: "Necesitamos consolidar ese
matrimonio entre la ciudadanía y la fuerza pública. Sin ciudadanía, la fuerza pública va ciega y sorda, sin [FONT=Arial Narrow][SIZE=3]
fuerza pública que la acompañe, la ciudadanía termina tentada por los grupos armados ilegales o sometida a
ellos”13.[/LEFT]
[LEFT]Algunos jefes paramilitares, como Salvatore Mancuso y Éver Veloza, ya han desvirtuado la
negación del Gobierno sobre la verdadera condición de las “Convivir” afirmando que, en efecto,
estas asociaciones no son más que grupos paramilitares. Tal como lo afirmó el propio Éver Veloza,
alias “HH”, en desarrollo de su versión libre: “No nos digamos mentiras, todas las Convivir eran
nuestras”14.
Estas confesiones no deben tomarse a la ligera. Para que se garanticen los derechos de las víctimas
es necesario que la justicia investigue a los funcionarios públicos que, con sus actuaciones u
omisiones, hayan contribuido a la consolidación de los grupos paramilitares a través de las
denominadas “Convivir” y que respondan ante la justicia por ello. Así mismo, es necesario que el
actual Gobierno muestre su rechazo frente a las actuaciones de los “servicios especiales de
vigilancia y seguridad privada” que actuaron al amparo del paramilitarismo. Para esto, el Gobierno
nacional debe dejar de promover políticas públicas que, como la de “seguridad democrática”,
propician la violación de los derechos humanos y el involucramiento de civiles en tareas militares
tal como lo hicieron las denominadas “Convivir”.[/LEFT]
[LEFT]Bogotá, 20 de junio de 2008[/LEFT]
[LEFT]Para mayor información, contactar a: Gustavo Gallón Giraldo, Director CCJ (Tel. 376 8200, ext. 115)[/LEFT]
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