Hablar de retenciones es hablar de sistema tributario. Nosotros queremos impulsar una restructuración del sistema tributario, que pase a ser un sistema progresivo, y para esto también tenemos que discutir retenciones. Al mismo tiempo, creemos que es necesario discutir y poner en práctica un nuevo Programa Agropecuario Integral, que termine con el calvario de los pequeños productores y la concentración y extranjerización de la tierra.
Del mismo modo que lo hicimos en el marco de la discusión de la Resolución 125, reiteramos que no son las retenciones el tema que hay que discutir. Más aún, entendemos que el Estado argentino debe capturar para beneficio del conjunto de la sociedad la “ventaja” (renta) de la que disponemos por tener tierras fértiles y clima adecuado para la producción agropecuaria. Criterio que extendemos al resto de nuestras ventajas (petróleo, gas, minería, pesca, bosques, etc.). Ventajas frente a las cuales las retenciones son tan solo uno (y muchas veces no el más eficaz) de los instrumentos posibles de utilizar. Es más, la suba o baja de las retenciones poco dice respecto a quién termina pagando los costos o percibiendo los beneficios de tal decisión de política pública. En el marco de una estructura agraria heterogénea y contradictoria, con distintas clases, fracciones e intereses, y bajo la vigencia de la Convertibilidad se agudizó el proceso de concentración económica en el agro (del capital, la tierra, la producción y el ingreso). Proceso en base al cual algunos, en particular la cúpula sectorial, acumularon y crecieron, en tanto otros, más de 100.000 productores, se fundieron. Este proceso de concentración continuó bajo las nuevas condiciones plateadas por la devaluación y la suba de los precios internacionales. En tanto la tierra es limitada y no reproducible, acumular supone la necesaria eliminación de los competidores menos poderosos.
Las retenciones son un instrumento de política económica cuyo objetivo no se restringe exclusivamente al impacto recaudatorio. Su importancia radica además en la necesidad de diferenciar el nivel y la evolución de los precios locales de las tendencias que se observan en el plano internacional, así como a promover la agregación de valor al interior de la cadena productiva agropecuaria. Por ende, reducir / eliminar retenciones supone no solamente una menor recaudación, sino también una presión adicional sobre los precios internos tantos de los granos en sí, como de aquellos productos para los cuales los granos son insumos relevantes (carne, pollo, cerdo, leche, etc); con el agravante de desincentivar producción en aquellos eslabonamientos de la cadena agropecuaria de mayor elaboración (por ejemplo reducir a 0 la retención al trigo, desincentiva la producción de harina ya que dicho producto tiene una retención del 13%). Por lo tanto, un país como la Argentina, que posee ventajas comparativas naturales, salvo casos extraordinarios y excepcionales, NO debe tener retenciones 0.
La aplicación de retenciones sin la simultánea implementación de un Programa Agropecuario Integral, que involucre la regulación de mercados, la problemática del arrendamiento, la conservación del suelo, la asistencia tecnológica, el asentamiento territorial, el servicio a las pymes agropecuarias, entre otros aspectos, produce efectos discriminatorios sobre los segmentos más débiles de la producción agropecuaria. En función de esto, entendemos como un paso para aminorar estos efectos, la necesidad de segmentar las retenciones agropecuarias. Planteo este que ya sostuviéramos en ocasión del debate de la 125 y que ratificamos hoy, acompañando la demanda que en este sentido suelen realizan las organizaciones que nuclean a los pequeños y medianos productores (Federación Agraria.). Señalamos también que esta segmentación es solo un paso provisorio y transitorio en un camino que debe profundizarse y ganar en eficacia. La resolución adecuada a esta problemática supone la construcción de un Registro de Productores que permita la focalización adecuada de los distintos instrumentos que debe contener un Programa Agropecuario Integral (retenciones, compensaciones, subsidios, créditos, transferencia tecnológica, etc). En este marco, también debe promoverse la recuperación de los instrumentos de regulación clásicos del sector (Junta Nacional de Granos) o bien nuevos instrumentos que deban crearse (Agencia Estatal del Comercio Exterior, etc.).
La movilidad de las retenciones es una característica absolutamente razonable frente a precios internacionales signados por importantes oscilaciones. A la vez, se trata de un mecanismo que al tiempo que reduce la presión sobre el productor cuando los precios declinan preservando su margen de beneficio, permite compartir con el erario público las situaciones de subas exageradas o rentas extraordinarias asociadas a comportamientos especulativos y absolutamente ajenos a la situación de la actividad. De más está decir que comprendemos las razones por las cuales este instrumento (retenciones móviles) genera rechazos en la comunidad agropecuaria debido al intento traumático y fallido de la resolución 125. No obstante, llamamos a mantener seriedad y responsabilidad a la hora de debatir instrumentos que le otorguen racionalidad a la regulación del sector.
Por todo lo expuesto, el Interbloque Movimiento Proyecto Sur ratifica su posición respecto a que las retenciones deben ser móviles y fuertemente segmentadas en beneficio de los productores más débiles.
Definidos estos principios básicos precisaremos ahora nuestra opinión acerca del nivel que deben tener las retenciones para los principales cultivos. Como es sabido, estas deben fijarse considerando la evolución de los precios internacionales y de los costos. Tomando en cuenta la rentabilidad que los distintos productos tenía a junio del 2007 (momento previo a la fijación de las retenciones al nivel actual), lo que surge es que, salvo el trigo, no hay ninguna razón para bajar retenciones; más aún existe incluso la posibilidad de que la soja contribuya con algunos puntos adicionales de retención habida cuenta de la expansión del margen bruto.
En este marco, queremos consignar que la propuesta enarbolada por el denominado “Grupo A” de eliminar las retenciones para maíz, trigo y girasol así como reducir 10 puntos la retención a la soja (pasando del 35% al 25%) además de suponer presión adicional en los precios y un desincentivo a la agregación de valor del sector, implica una pérdida de recaudación por casi U$S 900 millones de dólares para este año y de cerca de U$S 3.000 millones para el 2011, que además se traslada dominantemente a los segmentos más concentrados del sector agropecuario (para el caso de la soja, el 80% de la reducción de retenciones es capturada por el 8% de los productores).
Entonces, cierro con estos datos y propuestas, cortesía del instituto Proyecto Sur.
Retenciones segmentadas y Concentración de la Producción…
Se debe recordar que la producción de soja se realiza en un 88% en la Pampa Húmeda y sólo un 12% en la región extrapampeana, lo que permite saber a dónde va la renta agropecuaria originada en las retenciones a la exportación.
En el año 2007, según la ONCCA , 88.477 productores certificaron soja, trigo, girasol y maíz. Entre ellos, 15.000 no se encontraban registrados como productores de soja. Las toneladas registradas por los restantes 73.477 productores alcanzó a 38,3 millones de toneladas en una cosecha estimada en 47,5 millones de toneladas.
Así, en el año 2007 unos pocos actores -24.169 entre los 73.477 registrados- el 32,9% de los productores de soja controlaban el 86,4% de la producción, mientras que 49.308 productores, el 67,1% del total, con un nivel de producción de menos de 300 toneladas, alcanzaba sólo el 13,6% de la producción. A estos últimos habría que eximirlos del pago de las retenciones. Se podría considerar otro segmento entre 301 toneladas y 600 toneladas que alcanza a 11.127 productores que podrían recibir una devolución del 60%. Un tercer segmento de 5.564 productores entre 601 y 1000 toneladas podría tener una devolución del 40% y el cuarto segmento de más de 1.000 toneladas que alcanza a 7.764 productores (10,18% del total) podría pagar una retención del 38%.
De esta manera, el 90% de los pequeños y medianos productores hasta 1.000 toneladas recibirían una compensación-devolución.
Las Retenciones como instrumento de política económica para modificar el Modelo Agropecuario-Sojero
Estos productores de más de 1.000 toneladas podrían tener una retención mayor al 35% para incentivar su pasaje al cultivo del maíz, a la rotación con otros cultivos y a la ganadería. Estos son los productores con mayores posibilidades financieras y económicas y por lo tanto, los que deben correr más riesgos ante los mayores costos de implantación del maíz y de la ganadería. La segmentación y la retención debe ser diferente en los primeros cinco cultivos para favorecer el cambio de modelo.
Las retenciones deben ir acompañadas de otras medidas de política agropecuaria para avanzar en la transición del modelo sojero a un modelo cárnico-maicero, que incluya además la diversificación con otros cultivos. Por otra parte, esa transición para que sea virtuosa, sustentable y emancipadora debe contemplar temas de soberanía alimentaria y ambiental.
[b]Nace «Docentes por la Emancipación»
http:buenosairespt.org.ar
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