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Ni un arma para el pueblo
Por Tomás, el 26 de Julio de 2010.burbujascondetergente.blogspot.com |
¿Y si empezamos a hablar en serio de seguridad? Está bien la cuestión de que el delito tiene causas socioeconómicas, y está bien que evadir ese diagnóstico te lleva por autopista, directo, al discurso ineficiente de la mano dura. También está bien decir que en el medio no sólo hay que decir algo, sino también avanzar con políticas públicas específicas. Es falso que la seguridad es un problema “de clase media” (por cierto, si lo fuera…¿qué?, ¿este gobierno no gobierna -y mucho- también para la clase media?). Es un problema legítimo, que atraviesa casi todos los sectores, y para el cual las respuestas del Estado suelen resultar casi siempre insuficientes.
El delito existió, existe y va a seguir existiendo. No es un fenómeno natural, pero mínimamente es un fenómeno que permanece. Las grandes soluciones mágicas contra el delito, las que prometen resolver la cuestión con un plan estudiado por técnicos de no-sé-dónde, terminan siempre en el fracaso, no por fallas técnicas sino por exagerar los objetivos. Con el delito no se termina porque sos más piola y estudiaste en un montón de lugares. El delito es un fenómeno complejo, es dinámico y el Estado no puede garantizar su desaparición total. Lo que puede, en cambio, es avanzar al menos con políticas públicas chiquitas, específicas, que dificulten la opción por el delito, que creen las condiciones necesarias para que la opción por delinquir resulte menos conveniente que la opción por no hacerlo (por decirlo de alguna manera zonza).
Hay cosas que son discutibles. La cuestión de las cámaras es discutible (la verdad es que a priori, en plazas públicas, estaciones de trenes, etc. no sé cuáles son las objeciones), algunas ciudades del Interior avanzaron en cuestiones relativas a la iluminación del espacio público que traen algunos buenos resultados. Pero hay, quizás, una política pública que trasciende las esferas municipales, y que tiene que ver con el acceso a las armas de fuego. Intentar “regular” el delito, es intentar, por ejemplo, disminuir la violencia de los mismos. Ahí resulta fundamental dificultar el acceso a armas de fuego. Hay un informe (que no pude encontrar y que está citado en otros lugares) del Ministerio de Justicia que arrojó este resultado: el 99% de los delitos violentos se cometen con armas ilegales, es decir, no registradas en el RENAR. Terminante.
En el 2002 el diputado por la UCR Carlos Iparraguirre presentó un proyecto para la destrucción de las armas decomisadas en procedimientos judiciales y/o policiales. El proyecto se puede ver acá y fue reingresado para su tratamiento con la cofirmante Margarita Stolbizer en el 2004. Al día de hoy no fue tratado, y la ley, claro, no fue sancionada. Los motivos por los que no se trató se pueden intuir (razones económicas, intereses particulares, falta de interés en el tema, etc.) pero lo importante es por qué no promoverla de acá para adelante. La ley de canje de armas es un avance y este proyecto puede complementarlo: los juzgados y organismos en los que se depositan las armas no tienen la infraestructura necesaria para albergar las armas decomisadas. Una parte del mercado ilegal proviene de armas que reingresan al circuito después de haber sido confiscadas. Sin armas, o con menos, el delito es menos violento.
Falta mucho, casi que todo, acá por hacer. El gobierno civil sobre la Federal (“la única institución que no sufrió una sola reforma desde la vuelta de la democracia“) es una deuda pendiente de cada uno de los sectores del poder político. El auto-gobierno sobre la Federal se traduce en el dictado de sus propias reglas, ajenas a la de las instituciones del Estado democrático: la calesita, por ejemplo, que consiste en trasladar a otros destinos los miembros de la fuerza acusados de apremios ilegales o simplemente a los comisarios responsables de alguna situación determinada. Una policía que se auto-gobierna es también una Policía que tiene la potestad para hacer esto: reclutar a chicos en situación de vulnerabilidad y liberarles algunas zonas para cometer delitos para la comisaría. Hablar de la Policía, también, implica tal vez quitarse algunos prejuicios -ciertamente válidos a veces -y comenzar a pensar en sus miembros como trabajadores estatales con malas condiciones laborales de las que también hay que decir algo.
La cuestión carcelaria es, quizás, uno de los temas menos problematizados socialmente por la clase política y la sociedad civil en los últimos treinta años. En el día del Penitenciario, Alak dijo que el problema de superpoblación carcelaria se superó en 2008. Eso es cierto, pero habría que agregarle alguna cosa más. Por ejemplo, que se trata de las cárceles federales, y que muchos presos federales están en unidades provinciales, comisarías y edificios de Gendarmería, por diversos convenios firmados. También es cierto que hay un dato más alentador, y que tiene que ver con que el 72% de los internos reciben algún tipo de educación. El hacinamiento es uno de los principales problemas, y está superado sólo a nivel federal (y está superado, también, porque hay presos federales derivados en comisarías). Pero el Servicio Penitenciario Federal tiene, a mi entender, dos problemas previos. El primero, que se relaciona mucho con las condiciones de detención, es que el 75% de los detenidos no tiene condena firme: son procesados (no tuvieron sentencia o apelaron y la cámara se expidió aún. Esto tiene que ver, también, con algo que viene diciendo Lucas acá: el problema de la Justicia, que no es menor, que muchas veces es causa, como lo es ahí, en tantos procesados). El segundo, y quizás uno de los problemas más graves en materias de derechos humanos en la Argentina, es la cuestión de la tortura. La última encuesta de la Procuración Penitenciaria expresa que el 64% de los detenidos entrevistados sufrió algún tipo de agresión por parte del personal penitenciario. Acá no hay que avanzar: hay que empezar, y la Procuración, junto con el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios del Sistema Penal y DDHH de la UBA, presentaron las bases para crear un Registro Nacional de Casos de Tortura.
¿Es casual que la seguridad se problematice desde los medios?, ¿eso pasa porque los medios “son malos” o “mienten”? No. Pasa porque no hay Estado, o hay poco. El interés por la seguridad es reactivo. Hay temas que si no los problematiza la política, se problematizan solos. A mí me parece que se logran mejores resultados cuando pasa lo primero.